En medio del rifirrafe que se generó entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a causa de la enajenación de las acciones de Tigo-Une que son propiedad de la EPM, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia salió al paso para solicitar a las Superintendencias de Comercio y Sociedades la apertura de una investigación, que permita aclarar el panorama sobre la venta de estos activos estratégicos de la compañía de telecomunicaciones.
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Y es que, luego de que el Concejo de Medellín aprobara en primer debate la enajenación de las acciones, el jefe de Estado aseveró que esto se trataba de una estrategia para “disolver la propiedad pública”.
“Estamos en un proceso de disolución de la propiedad pública de las empresas públicas de telecomunicación que terminará en la vieja Telecom. El proyecto político del uribismo comenzó y terminó la tarea de sacar el sector público de las telecomunicaciones acercándonos a un monopolio privado”, dijo el mandatario.
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No obstante, ante dichos señalamientos, el alcalde de la capital antioqueña salió a defender la determinación del Concejo, argumentando que, contrario a lo que señaló el primer mandatario, lo que en realidad pretendían hacer con la venta era “proteger el patrimonio público”.
“La industria de las telecomunicaciones requiere una alta inversión de capital que implicaría que EPM pusiera en riesgo su estabilidad o se diluyera, como pasó en 2023 cuando se dio capitalizar en $300 mil millones. Durante 2020-2023 Une presentó una pérdida acumulada por $2.3 billones, y solo en el año 2023 hubo un deterioro por $1.1 billones de pesos”, explicó Fico .
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Ahora bien, en medio de este contexto, durante las primeras horas de la mañana de este martes, 20 de agosto, el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, dio a conocer que ha pedido a la Superintendencia de Industria y Comercio, así como a la Superintendencia de Sociedades, abrir una investigación para esclarecer cómo se habría llevado a cabo la venta de dichas acciones y determinar la participación de las compañías implicadas en la negociación.
“En el marco de la adquisición de los activos estratégicos de Tigo-Une por parte de Towernex Colombia S.A.S., como secretario de Transparencia respetuosamente he solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Superintendencia de Sociedades para que, de acuerdo a sus competencias, investiguen la participación de las compañías KKR y Álamo Spainco S.L. en el mercado de telecomunicaciones relacionados con sus recientes operaciones financieras y corporativas que podrían haber comprometido el patrimonio público de Tigo-Une”, señaló el alto funcionario.
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Lo anterior, precisó Idárraga, debido a “la eventual inobservancia del principio de transparencia en la actuación de las sociedades implicadas” y a que su proceder genera dudas “por el posible incumplimiento normativo (Ley 222 de 1995)”.
Y es que, según lo manifestado por el secretario de Transparencia, “es preciso que las autoridades evalúen la situación administrativa, contable, económica y jurídica de Tigo-Une, antes y después de la venta de sus activos estratégicos (del patrimonio pasivo)”.
