El Consejo de Estado, a través de la Sección Quinta, ha anulado el nombramiento de Manuel Peña Suárez como comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en modalidad de encargo. La decisión se tomó tras considerar que dicha designación era improcedente, ya que el cargo exige dedicación exclusiva, según lo estipulado en el artículo 44 de la Ley 2099 de 2021.
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El tribunal determinó que Peña Suárez, mientras ejercía como comisionado encargado, también fungía como jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía.
Este doble rol, que Peña ocupó durante tres meses antes de dejar el cargo en julio pasado, vulneró la independencia que debe mantener la CREG, según el fallo del alto tribunal. El vínculo de Peña con la UPME, una entidad que tiene representación en la junta directiva de la CREG, puso en duda la autonomía de la comisión al incluirlo entre sus expertos.
La Sala del Consejo de Estado explicó que, a través del encargo, se personificaron los intereses gubernamentales del Ministerio de Minas y Energía en un cargo que debía estar dedicado exclusivamente a los parámetros establecidos por las disposiciones legales, lo que afectó la estructura y funcionamiento de la CREG.
El fallo establece que este tipo de nombramientos comprometen la organización interna de la entidad reguladora y desvirtúan su mandato de independencia.
No es el primer comisionado en ser anulado
El caso de Peña Suárez no es el primero en ser anulado por el Consejo de Estado en relación con la CREG. El pasado 5 de septiembre, el alto tribunal tumbó el nombramiento de Baisser Antonio Jiménez como comisionado encargado, al no cumplir los requisitos exigidos por la entidad.
Asimismo, en una decisión previa, el Consejo de Estado anuló la designación de Ómar Prías, otro comisionado experto, por no acreditar la experiencia específica necesaria para ocupar el puesto.
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Estas decisiones judiciales generan presión sobre la administración del presidente Gustavo Petro, quien recientemente fue sancionado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por no cumplir con un fallo emitido el 25 de enero de 2024, que ordenaba el nombramiento en propiedad de los seis comisionados de la CREG.
El presidente deberá pagar una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y presentar los actos administrativos que acrediten el cumplimiento de la sentencia.
