SGP: encrucijada por la sostenibilidad fiscal del país y la autonomía regional

El proyecto de reforma al Sistema General de Participaciones, SGP, cursa el sexto de sus ocho debates en el Congreso, en medio del respaldo decidido de líderes regionales del Caribe y el Gobierno, que lo asumen como un acto de justicia que desarrollará el mandato de la Constitución de 1991 al aumentar las transferencias a los entes territoriales del 21 % al 46,5 %, pero con alertas desde sectores políticos, centros de pensamiento y gremios, que consideran que este acto legislativo puede quebrar las finanzas de la Nación.

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El SGP es el mecanismo mediante el cual el Gobierno transfiere a los municipios, distritos y departamentos los recursos necesarios para atender los servicios básicos de educación, salud, agua y saneamiento básico (acueductos y alcantarillados), se alimenta de Ingresos Corrientes de la Nación , ICN, y su distribución tiene en cuenta criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada entidad territorial, que en el Caribe están por encima de otras regiones.

Desde la Constituyente, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, ha sido un abanderado de la causa regional. Por ello, le dijo a EL HERALDO al respecto: “Estaremos muy atentos todos los gobernadores al trámite precisamente en el Congreso sobre el SGP, porque ahí es donde se garantizan los recursos que se les deben asignar a las regiones. El país ha sido muy pasivo y muy lento para producir el fenómeno real de la descentralización pero con recursos; siempre se habla de este tema de la descentralización, pero de una manera filosófica y muy poco práctica porque no se le asignan recursos”.

Sobre los pronunciamientos en contra del proyecto, asevera el mandatario que “prima un sentimiento centralista que es el que hay que vencer y contra el que hay que luchar, porque desde hace muchos años, desde la Constituyente del 91, se definieron unos parámetros de funcionamiento del Estado con mayor institucionalidad y recursos para las regiones y aún, 30 años después, no se ha concretado”.

Y concluye Verano que “se tiene que ajustar el tamaño del Estado central, lo que no podemos tener es un Estado central desbordado, que crece cada día más, que se lleva todos los recursos y lo que les entrega a las regiones es diminuto y no es lo acordado, el Estado central se tiene que empequeñecer, esa es la verdadera revolución del Estado regional”.

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La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, advirtió en diálogo con este diario que la reforma “va a pasar, y yo quiero que quede claro: quiero que pase, este proyecto es una oportunidad para el país, es una necesidad, los departamentos y municipios hoy reciben muchísimo menos de lo que necesitan, de lo que merecen. Hoy reciben el 21 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, eso es muy poco, entonces apoyo descentralización ya, pero sin quebrar la Nación y sobre todo sin cheques ‘chimbos’, porque pasar del 21 % al 46 % es incumplible, es un engaño a los departamentos y municipios”.

Ante esta preocupación, indica: “Yo propongo que pasemos del 21 % al 37 %, lo que es un salto enorme, desafiante, también difícil de lograr, y no saco el dato de la manga, lo formuló la Misión de Descentralización”.

Añade la parlamentaria independiente que “todos los soportes técnicos de Planeación, Hacienda, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, que tiene a cuatro de los cinco integrantes nombrados por el presidente Gustavo Petro y dicen que rompe la regla fiscal, tiene efectos graves y es inmediato. Esto no se revienta en diez años, sino en dos o tres meses porque volvemos a perder más calificación de riesgo y eso se traduce en deuda más cara para todos los proyectos”.

Puntualizó Lozano que Planeación dice que esto “sustituye la Constitución porque desaparece el Estado nacional como lo conocemos. Yo personalmente defiendo un pais descentralizado, pero no 33 países. Y Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) proyectó los datos y dice que, si se aprueba, en solo tres rubros se iría más del 85 % de los recursos de todo el país: transferencias, deudas y pensión, entonces el otro 15 implica desaparecer la Nación”.

Para el Carf, esta propuesta generaría una presión de gasto insostenible para el Gobierno Nacional Central (GNC), “aumentando su déficit y deuda de manera significativa, y poniendo en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal en el mediano plazo”.

Por otro lado, Fedesarrollo plantea que “un aumento del 65 % en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud”.

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Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, planteó por ello ajustar el proyecto de reforma para que la participación del SGP en los ingresos corrientes aumente al 30 %, en vez del 46,5 %.

Y Asobancaria dice que con la propuesta “de mantenerse el gasto en los otros rubros según lo estableció el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, el déficit del GNC se incrementaría hasta el 7,4 % del PIB para dicho año, mientras que la deuda como porcentaje bordearía el 82,9 % del PIB, nivel superior al límite establecido por la regla fiscal (70 % del PIB)”.

El exministro Amylkar Acosta, economista, recordó que la Constituyente planteaba que los recursos para las regiones se elevarían de una manera progresiva, “pero en el 2001 se hizo una reforma a este sistema y posteriormente en el 2007 se volvió a reformar, y estas dos reformas les significaron a las entidades territoriales, departamentos, municipios y distritos, $388 billones que dejaron de recibir y en el entretanto se ha venido dando durante estos años de vigencia de la Constitución una recentralización y una concentración de recursos, una especie de descentralización disfuncional, consistente en que se le han venido trasladando funciones y competencias a las entidades territoriales, pero sin recursos”.

Para agravar las cosas, puso de presente el también excongresista, “durante este intervalo se han aprobado por el Congreso 18 reformas tributarias, todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación; ninguna de ellas para las entidades territoriales, eso explica que en este país de cada $100 que se recaudan por impuestos la Nación se queda con $80 y los $20 restantes se reparten entre los departamentos, municipios y distritos”.

Finalmente, en respuesta a los cuestionamientos de algunos críticos que han dicho que se afectaría la sostenibilidad fiscal y que violaría la regla fiscal e incluso que para este año, si estuviera en vigencia esta reforma, se estarían transfiriendo a las entidades territoriales $77 billones más de lo que hoy reciben, asevera: “Pero la cuenta que no sacan fueron los $388 billones que dejaron de recibir las entidades territoriales precisamente por estos recortes que se les hicieron a las transferencias”.

Por ello, sentencia que “el Congreso tiene una enorme responsabilidad y es la de hacerles justicia a las regiones, equilibrando las cargas”.