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Este jueves la Fiscalía General de la Nación impactó una red que estaría involucrada en un modelo ilegal que ofrecía falsos créditos a través de redes sociales y páginas web ofreciendo servicios en los que las víctimas terminaban desembolsando grandes cantidades de dinero bajo el supuesto de cubrir los gastos de pólizas, registros notariales, entre otros.

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Los integrantes de la red fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías luego de realizarse una investigación de la seccional Bogotá de la Fiscalía en la que se logró desentrañar el modus operandi de los involucrados y se identificaron a cuatro hombres y una mujer como parte de la estructura delictiva.

“El trabajo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Bogotá y la Policía Nacional permitió establecer que la organización delictiva, al parecer, creaban anuncios en línea, ofreciendo los supuestos préstamos bajo la fachada de entidades financieras para captar a los ciudadanos”, detalla el informe de la Fiscalía.

Por estos hechos la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y estafa, de acuerdo con su posible responsabilidad.

Además se conoció la identidad de los implicados: Gilberto Cruz Hernández, Francisco Javier Cruz Mayorga, Camilo Andrés Cortes Gil, Lady Yolima Garzón Puerto y Olman Vianey Cortés. Estas dos últimas personas aceptaron los cargos.

“Los elementos de prueba indican que tan pronto la víctima accedía al aparente servicio de préstamo, le era solicitado un primer desembolso. La red le cobraba sumas de dinero de manera sistemática bajo el supuesto de cubrir los gastos de pólizas, registros notariales, entre otros”, se lee también en el informe.

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Según se conoció, la red ilegal tendría acceso a información de los ciudadanos reportados en centrales de riesgo con el fin de ofrecerles créditos y conseguir estafar a las víctimas con las que se habrían hecho cerca de $150 millones de pesos colombianos.

Por el momento, Gilberto Cruz Hernández y Francisco Javier Cruz Mayorga fueron enviados a la cárcel mientras que los otros tres involucrados, aunque seguirán involucrados en la investigación, recibieron medidas no privativas.