Este jueves el Senado de Estados Unidos aprobó alrededor de 380 millones de dólares para Colombia, correspondientes al año fiscal 2025. Esta ayuda arranca en octubre de este año.
Este valor equivale a una reducción casi del 10 % en relación con el presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense para 2024 (410 millones de dólares), y el 25 % menos en comparación al valor autorizado en 2023.
“El Comité permanece profundamente preocupado por las políticas del presidente Petro y sus relaciones que van en detrimento de los intereses económicos y en seguridad de Estados Unidos”, aseveró el Gobierno estadounidense.
En ese sentido, desde que el presidente Petro llegó al poder Estados Unidos ha reducido su ayuda presupuestal para el país, en comparación con otros gobiernos colombianos.
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Cabe destacar que este año EE. UU. no estableció a qué programas colombianos irían dirigidos los recursos aprobados, como sí lo ha hecho en años anteriores con montos específicos para combatir las drogas o impulsar el desarrollo económico. Esta vez, será el Departamento de Estado el que decida en qué se gastan los recursos.
De acuerdo a analistas, este recorte de presupuesto responde también al desinterés del país norteamericano por las propiedades internacionales; es decir no es una reducción exclusivamente para Colombia.
En cuanto a la erradicación, el proyecto del Comité de Apropiaciones del Senado indicó que los fondos solo podrán usarse para apoyar un “programa iniciado por el Gobierno de Colombia que esté de acuerdo con la Constitución colombiana y con los acuerdos de paz de 2016″.
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Este Comité también especificó que los fondos estarán disponibles para programas y actividades que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado, el respeto por los derechos humanos, ampliación de la gobernanza, el acceso a la justicia, la lucha contra el lavado de dinero y los delitos ambientales, entre otros.
Respecto a la justicia transicional, el Senado, a través del Comité de Apropiaciones, habló de apoyar a la población desplazada e inmigrantes en el país, de la reconciliación y cómo las sociedades responderán a los legados de violaciones masivas y vulneración de los derechos humanos.
En Derechos Humanos, el Gobierno estadounidense solicita un reporte en el que el Gobierno de Colombia demuestre que está llevando ante la justicia el personal militar o policial que ordenó y ejerció “medidas excesivas” contra los manifestantes en 2020 y 2021; así como la prohibición de entregar cualquier recurso que beneficie al ELN o las Farc.
