Sacar adelante la Ley de Financiamiento en los próximos 57 días y asegurar los 14 billones de pesos que se necesitan para financiar los programas sociales del Gobierno en 2019 es una prioridad del equipo económico del presidente Iván Duque, pero el trámite de este proyecto en el Congreso de la República promete ser un gran desafío.
Sustentar y lograr la aprobación de una medida que ha despertado todo tipo de polémicas en el país, como lo es la extensión del IVA al 80% de los productos y servicios que hacen parte de la canasta básica familiar, no es una tarea fácil.
Desde el pasado 31 de octubre, cuando se conoció el articulado del proyecto luego de que fuera radicado en la secretaría de la Cámara de Representantes por parte del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hubo una 'lluvia' de críticas no solo por parte de los gremios del sector productivo que se consideran afectados y de la ciudadanía en general, sino de varias bancadas del Congreso incluyendo a la del Gobierno.
El viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, en rueda de prensa realizada ayer explicó que están preparados para defender el proyecto ante el Congreso y fue claro en afirmar que si no se procura el recaudo de los 14 billones de pesos, no hay opciones para financiar los programas relacionados con salud, educación, subsidios de energía y otros que están desfinanciados.
De acuerdo con el funcionario, si bien se espera un impacto de entre 120 y 170 puntos básicos sobre la inflación como resultado de las medidas contempladas en la Ley de Financiamiento, afirma que será un efecto transitorio. Dijo que lo verdaderamente importante es que se espera un efecto positivo sobre el crecimiento económico del país y una reducción del coeficiente de Gini (desigualdad) de 1,9 veces más de lo ha bajado en los últimos diez años.
'Es por eso que decimos que este proyecto se debe entender como un todo, la Ley de Financiamiento no es precisamente una reforma tributaria', señaló.
La clase media
Si bien el fundamento del proyecto de ley es lograr que las personas que tienen mayores ingresos paguen más impuestos, analistas aseguran que la clase media, que corresponde al 60% de los colombianos, también tendrá que asumir mayores contribuciones tributarias.
Leopoldo Gómez Ramírez, economista y director del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico (OCSA) de Uninorte, asegura que la reestructuración del impuesto sobre la renta a personas naturales y la ampliación del IVA son los puntos centrales del proyecto de ley y que impactan a la clase media.
'Si se amplía la base de productos que pagan IVA uno podría pensar que se va a golpear a las clases de menos recursos, pero como se habla de un mecanismo de compensación en el corto y mediano plazo no las afectará, pero para la clase media no habrá ninguna compensación', explicó.
En cuanto al impuesto sobre renta a personas naturales señala que se unifica la cédula de depuración (que establecía 5 categorías según el origen de los ingresos) y se aplica un nuevo rango, que golpea directamente a la clase media.
'Esto llevará a que muchos hogares tendrían que cambiar sus patrones de consumo', señaló.
Otra de las medidas que se contempla es la reducción de los impuestos a cargo de las empresas, especialmente en la tarifa de renta corporativa, que quedaría en 32% en el 2020, 31% en 2021 y 30% a partir del 2022.
