Opiniones divididas ha generado el acuerdo sellado entre el Ministerio de Minas, los alcaldes de los municipios del Atlántico, la empresa Air-e y los congresistas para consolidar un plan de acción que permita brindar “soluciones concretas” a la crisis energética.
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Desde algunos sectores se ha expresado la conveniencia de avanzar en este tipo de acciones conjuntas, también se han conocido reparos al contenido del documento debido a que no respondería a las necesidades actuales en la región Caribe.
Asimismo, expertos en el sector eléctrico han recalcado la necesidad que se avance en el nombramiento de los expertos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para así contar con el quórum decisorio para adoptar las medidas regulatorias pertinentes.
Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, consideró que el acuerdo no resuelve la problemática de fondo de las tarifas eléctricas en la Costa y de las áreas especiales.
“No hay una rebaja sustancial a las tarifas eléctricas en el Caribe, a pesar de que ya estamos a mitad del periodo del presidente Gustavo Petro. En el acuerdo no se dice una sola palabra sobre el régimen especial tarifario contra los habitantes de la región y el Gobierno sigue sin recoger la opción tarifaria”, aseguró.
Alarcón también indicó que tampoco existen soluciones de fondo ante la “situación explosiva” en las áreas especiales.
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“Puede haber un agravamiento con la implementación de la medición inteligente AMI) y los cobros prepago que dejarían en las tinieblas a millones de costeños por no poder pagar anticipadamente, cuando una parte importante no lo hace con pagos posteriores al consumo”, remarcó el coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe.
