Que el nuevo proceso licitatorio que abrirá Cormagdalena para contratar un nuevo concesionario para el río Magdalena, no cierre con un solo proponente como sucedió con la primera Asociación Público Privada (APP) hoy en proceso de liquidación, es el objetivo del Gobierno nacional, así lo afirmó el director ejecutivo encargado de la corporación Luis Fernando Andrade.
Señaló que para cumplir con este propósito los pliegos tendrán el modelo de las licitaciones de cuarta generación 4G, que permiten una mayor pluralidad de oferentes.
'Había una serie de condiciones que eran muy difíciles de cumplir entonces estamos haciendo los cambios de las condiciones para que más empresas puedan participar, esto es muy importante porque tener un proponente no es una buena idea', agregó.
Recordó que en los últimos diez años en el país en la mayoría de las licitaciones se presentaba un solo oferente y por eso se cambiarán los pliegos con 'ajustes marginales' con el fin de estimular la participación de más empresas. 'Esperamos que en esta nueva licitación tengamos un mayor número de proponentes para que haya mayor transparencia en la adjudicación', añadió Andrade.
Aclaró que su comentario está orientado a revisar lo restrictiva que fue la anterior licitación que fue adjudicada al consorcio Navelena (Odebrecht 87 % y Valorcon 13 %), y no a la estructuración del proyecto original la que considera 'estuvo bien hecha'.
Explicó que ya está listo un borrador de los pliegos de la licitación y del contrato, porque se venía trabajando en ellos desde hace varios meses cuando asumió el encargo de dirección de Cormagdalena. 'Sabíamos que la caducidad de la APP era una posibilidad', agregó.
Lo que viene ahora es buscar acuerdos con los usuarios del Río sobre los aspectos que deben incluirse en la nueva APP, para ello se vienen realizando una serie de reuniones y sesiones de trabajo para establecer los cambios que se realizarían.
Lo que sí está claro es que se mantendrá el mismo nivel de recursos que se habían apropiado, que son 2,5 billones de pesos, para ello se priorizarán ciertos aspectos.
'La experiencia de estos dos últimos años, nos ha permitido establecer que se deben hacer mejoras en temas que no se incorporaron en el contrato anterior, como lo es la reparación de los tajamares en el sector de Bocas de Ceniza en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla, el mantenimiento del canal de aproximación en el mar y las zonas de giro', dijo el funcionario.
Cormagdalena ha encontrado que las navieras prefieren que se hagan mediciones de las condiciones del canal con radio más amplio así sea con una menor frecuencia. Actualmente se miden cada semana con una distancia determinada y lo que se ha solicitado es que se haga cada dos semanas pero con un mayor ancho.
Se han identificado zonas críticas como por ejemplo en Pinillos donde se forma un meandro (curvatura por efectos de la sedimentación) cerca a la desembocadura del río Cauca donde se presentan cambios en el cauce y la dirección del río. Por ello se contempla la posibilidad de incluir un estudio para determinar la estabilización de la zona. 'Lo que vamos a hacer es optimizar los recursos que tenemos' dijo Andrade.
Sobre este tema el ministro de Transporte, Jorge Rojas, había señalado que ya hay un cronograma para la licitación, el cual se dará a conocer en los próximos días. Adicionalmente se desarrollan una serie de reuniones en diferentes ciudades ribereñas para recibir las propuestas de los usuarios del Río. 'Esto no tomará más de quince días', sostuvo Rojas. La proyección del Gobierno nacional es que la apertura del proceso de licitación se realice en septiembre de 2017 y la firma del nuevo contrato esté lista en enero del 2018. El plazo de preconstrucción sería de 12 meses y de construcción de 48 meses.
Navelena debe pagar más de $250.000 millones
El director (e) de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade aseguró dentro del proceso de liquidación de la APP del Río, Navelena deberá asumir pagos por más de $250.000 millones, de los cuales unos $60.000 millones corresponden a la aplicación de la cláusula penal y multas por incumplimiento, a esto se suman unos $130.000 millones de la deuda con el Banco Agrario y otros $60.000 millones por deudas a proveedores y acreedores.
Indicó que el proceso de liquidación del contrato se realizará cumpliendo las normas vigentes y aclaró que aún Navelena 'no ha recibido un peso' por los trabajos que alcanzó a ejecutar. Por ello inicialmente se establecerá el valor de las inversiones que hizo en la etapa de preconstrucción y de este se restarán las deudas que tenga con los bancos, proveedores y acreedores.
Luego de restar las deudas, le podría quedar un remanente para los accionistas. Sin embargo, dijo que 'este tema lo vamos a mirar con lupa porque como sucedió con Ruta del Sol, acordamos que solo haríamos pagos cuando se supiera el monto de las demanda por los hechos de corrupción que realizó Odebrecht en Colombia'.
Si hay demandas se requiere que haya dinero disponible para responder y citó a manera de ejemplo, que la multa de la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de Ruta del Sol por violación de la libre competencia podría llegar a $70.000 millones.
'Tenemos que asegurarnos que las empresas de Odebrecht no giren los recursos fuera del país y que los mantengan hasta que sepamos el tamaño de las demandas que deben enfrentar'. Sobre Valorcon, socio minoritario de Navelena, dijo que las consultas de la jurisprudencia indican que la inhabilidad de una sociedad anónima no se transfiere a sus socios si son personas jurídicas.
