Para nadie es un secreto que el manejo de las finanzas públicas implican hoy un gran reto. El Gobierno ha sido el primero en reconocer los efectos que tuvo la caída de los precios del petróleo sobre los ingresos de la Nación. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo para 2015 y 2016 se mostró que dicha reducción no tiene precedentes en la historia fiscal del país.
Cinco han sido los periodos en los que el Gobierno ha experimentado reducciones en sus ingresos: la crisis cafetera de principios de los ochenta, las bancarias de finales de la misma década y la de 1999 que tuvieron un impacto similar y hasta el momento el que mayor impacto había tenido fue la crisis financiera internacional de 2008-2010. Sin embargo, entre 2013 y 2016, la descolgada de los precios del petróleo representó para Colombia la peor reducción de sus ingresos, 3,4% del PIB.
Sin el marco de política económica desarrollado en los últimos 15 años y sin el manejo responsable y acertado de las autoridades macroeconómicas, el choque petrolero hubiera llevado al país a la mayor crisis económica de su historia. Las políticas que se desplegaron llevaron a que la deuda colombiana se alejara del terreno especulativo y se ubicara dos escalones por encima del grado de inversión. Al mismo tiempo que permitieron que las fuerzas del mercado produjeran un ajuste de las variables nominales de la economía, como tasa de cambio, salarios e inflación, en salvaguardia de las variables reales como el empleo y el consumo.
Frente a la difícil coyuntura internacional, la economía colombiana ha mostrado un mejor desempeño que el exhibido por las economías más grandes de la región y ha sostenido la Inversión Extranjera Directa con una recomposición hacia sectores productivos distintos al petróleo, reduciendo al mismo tiempo la dependencia del país al sector minero-energético.
En el plano fiscal, las políticas se han consolidado a través de la estrategia Austeridad Inteligente, que ha reducido el gasto de la Nación al tiempo que se aumentaron los ingresos no petroleros. Tan solo cuatro meses después del inicio de la caída de los precios del petróleo el Congreso aprobó un cambio al Estatuto tributario, el cual, junto a una política de gestión y anti-evasión de la DIAN, aumentó los ingresos no petroleros en 1,6% del PIB entre 2013 y 2016.
El aumento en el recaudo contribuyó a la sostenibilidad de las finanzas públicas, en un contexto en el que la inflación subió como consecuencia del Fenómeno El Niño y de la depreciación nominal, lo cual hizo más profundo el ajuste en la adquisición de bienes y servicios por parte del Gobierno.
El choque recibido no podía ser previsible, pero sí se puede anticipar que sin políticas contundentes, y algunas veces impopulares, las finanzas públicas colombianas ya no serían sostenibles. Un reto que el Gobierno ha sorteado con firmeza. Los retos hacia adelante no son menores: priorizar el gasto, el financiamiento de la paz y la sostenibilidad fiscal, tareas ineludibles. Esta última exige la reducción del déficit total de 3,9 % en 2016 a 1,0 % del PIB en 2022, lo que requiere la continuidad en el buen pulso del Gobierno y el buen juicio de los agentes económicos: hogares, empresas, Congreso de la República y las Altas Cortes.
Reducir la inflación que toca el bolsillo de los colombianos y mantener controladas las expectativas, a pesar de las afectaciones que trajo el Fenómeno de El Niño y de la depreciación de la tasa de cambio nominal, son retos que tampoco pensamos aplazar. La inflación alcanzó un pico de 9% en julio de 2016, actualmente se encuentra en 6,48% (octubre) y nuestro pronóstico es que terminará 2016 en 5,5%. En 2017, la inflación debe regresar al rango meta, entre 2 % al 4 %.
Culminar el 2016 garantizando la sostenibilidad fiscal y el crecimiento de la economía colombiana es el mayor reto que hoy tenemos como Nación, por esto el Gobierno presentó el Proyecto de Ley de Reforma Tributaria Estructural que prepara desde 2015. Este texto es el producto de un amplio debate nacional en el que han contribuido la Comisión de Expertos, el Congreso de la República a través de los ponentes y coordinadores y de la interacción con gremios y agencias multilaterales como la OCDE, el FMI y el BID.
La reforma que apruebe el Legislativo antes de terminar el 2016 no está pensada para este Gobierno, por tanto se convertirá en el legado que el Presidente Santos le dejará al país en materia de sostenibilidad fiscal, es un elemento central para la consolidación de las finanzas públicas del país con un estatuto tributario moderno, competitivo y progresivo.
Aumentar impuestos a la ciudadanía no es la medida más popular, pero la sostenibilidad de las finanzas públicas del país le permitirá a Colombia mantener el grado de inversión pese a la pérdida de ingresos. Hoy debemos unirnos como Nación para evitar retroceder en los logros sociales que hemos alcanzado, al mismo que mejorar las condiciones de vida de los colombianos, está en manos de todos.
Por: Mauricio Cárdenas. Ministro de Hacienda y Crédito Público.
