El acuerdo entre el Gobierno y las Farc sobre el tercer punto de la agenda de las negociaciones de La Habana constituye, en términos generales, una buena noticia, al menos para quienes ven en el actual proceso de paz una oportunidad para poner fin a décadas de violencia en Colombia. Sin embargo, el comunicado que difundieron las partes suscita interrogantes que merecen alguna reflexión. Como también cabe analizar el momento político en que se ha producido el acuerdo: a una semana de las elecciones presidenciales y con un escenario muy complicado para las aspiraciones reeleccionistas del presidente Santos.
El narcotráfico ha sido uno de los flagelos más terribles para Colombia en los últimos 40 años, y cualquier esfuerzo para superar esta maldición debe ser celebrada. El acuerdo firmado el viernes contempla un ambicioso programa de sustitución de cultivos, así como el compromiso de la guerrilla de poner fin a sus relaciones con el negocio de las drogas ilícitas.
Al respecto, no queda más remedio que la fe. En otros momentos se han anunciado con bombos y platillos programas de sustitución o erradicación de cultivos ilícitos, pero el negocio de la droga ha seguido floreciendo. Por otra parte, incluso asumiendo que las Farc, como organización, se desmovilicen y acaben su relación con el narcotráfico, es muy probable que del desmembramiento de la estructura guerrillera surjan grupos delincuenciales autónomos, como sucedió tras la desaparición de los grandes capos del narcotráfico y jefes paramilitares. Se necesitará, por tanto, mucho más que el acuerdo del vienes para asestar un golpe mortal al negocio de la droga ilícita. Estas consideraciones, por supuesto, no desvirtúan la importancia del avance que se produjo en La Habana; lo que pretenden es llamar la atención sobre la extraordinaria complejidad del tema.
Otra cosa es el momento en que ha trascendido el acuerdo sobre el tercer punto. En este terreno, no solo el uribismo –contrario al actual proceso de paz–, sino el resto de los candidatos a la Presidencia han vertido críticas contra lo que interpretan como una utilización política de los tiempos de las negociaciones. El anuncio se ha producido, como se señaló antes, en un momento muy difícil para la candidatura de Santos. Es cierto que tiempo atrás, cuando aún le sonreían las encuestas, el presidente ya había expresado su convicción de que el tercer punto se pactaría antes de los comicios. Sin embargo, es comprensible que surjan sospechas de “oportunismo” una vez se ha concretado el acuerdo a una semana de las elecciones.
El proceso de paz en curso es, por supuesto, político, en el sentido elevado del término. Respondió a la voluntad política del presidente Santos, y así hay que reconocerlo. Pero a partir de ahí debe ser gestionado como un asunto de Estado, al margen de intereses partidistas. Y, en este caso, Santos ha conseguido algo casi imposible: poner de acuerdo en algo a los cuatro candidatos rivales, quienes han coincidido en que se produjo una utilización inadecuada de las negociaciones.
Queda aún en el horizonte el punto más difícil. El referido a la situación judicial de los jefes guerrilleros y su incorporación a la vida pública. La duda, hoy, es si estará Santos para poder negociarlo.
