Ojalá el remedio con el que se buscó curar la democracia colombiana no termine siendo peor que la enfermedad.
Es encomiable, desde todo punto de vista, que por primera vez el Gobierno se haya decidido a intervenir de forma contundente la trashumancia, uno de los delitos que históricamente ha enlodado las elecciones. Pero, tal como sucede con muchas buenas intenciones, algo falló en la ejecución; el ímpetu inicial de depuración no alcanzó para llevar a cabo el proceso con toda la efectividad y claridad que eran necesarias. Se equivocó el rumbo, y aún está por verse qué tanto.
El reloj de las elecciones locales está corriendo. Y los del domingo se perfilan, desde ya, como uno de los comicios que han estado enmarcados por más circunstancias atípicas. En un santiamén, las noticias de capturas históricas, de candidatos y registradores detenidos en la batalla contra el trasteo de votos fueron reemplazadas por la notificación de un error de alcance nacional. El Consejo Nacional Electoral, CNE, admitió que se equivocó en la anulación de un gran número –todavía por precisar– de las 1.605.000 inscripciones de cédulas que tumbó en todo el país. Es decir, muchos que se zonificaron de buena fe en sus nuevos lugares de residencia ahora se ven en apuros, obligados a iniciar un proceso de reposición o trasladarse a votar donde lo venían haciendo antes.
¿Dónde empezó a salir todo mal?
Tal como lo pudo establecer EL HERALDO, la mayoría de magistrados del CNE votó en sala plena a favor de un procedimiento impreciso para verificar las inscripciones. Decidieron que los equipos técnicos cruzarían la información con una sola de las cuatro bases de datos definidas para la corroboración, y no con todas. El Ministerio del Interior emitió este año el Decreto 1294. Después de muchos años, por fin había una hoja de ruta para derrotar la trashumancia y evitar que los corruptos llegaran al poder a punta de dinero. En el artículo 2.3.1.8.3. establece que, para identificar al trashumante, las inscripciones se cruzarían con el Sisbén, el Fosyga, Anspe y registro de la Unidad de Víctimas. Como resulta evidente, la verificación con cuatro bases de datos pretendía el mayor rango de acierto posible. Lo que no resulta claro es por qué no se siguió al pie de la letra.
A menos de cinco días, es inaplazable que se efectúe una seria revisión de lo sucedido, de cara a la opinión pública, y que quienes se hayan equivocado reconozcan sus responsabilidades. Además, es imperativo que se concentren todos los esfuerzos necesarios para poner en marcha las correcciones a las que haya lugar. Es lo menos que se puede esperar tratándose del manejo de un tema tan sensible como es el derecho al voto, la participación y la representación política, tejido esencial de la sociedad civil.
Se corre el riesgo de que el error cometido aumente el abstencionismo, otro mal del que se aprovechan unos pocos.
Al revisar la actuación de los magistrados es inevitable que vengan a la mente los problemas de gestión que por años han golpeado la administración pública, o las negligencias que tanto daño han hecho en otras áreas, como la salud. Hay muchas lecciones que extraer, pero antes que nada, se deben despejar todas las dudas, y, en tiempo récord, brindarles colaboración y garantías a los ciudadanos cuyas inscripciones fueron mal anuladas, para que interpongan recursos para votar cerca a donde viven. No será fácil, pero este lamentable error no debe provocar que se ceje el esfuerzo por garantizar la transparencia de las elecciones.
