En momentos en que se les está pidiendo a los ciudadanos asumir una serie de sacrificios, ante la complicada situación económica a la que se apresta el país, constituye un verdadero insulto el inusitado aumento en los costos de ejecución de la Refinería de Cartagena, Reficar, de acuerdo con los cálculos dados a conocer ayer por la Contraloría General de la República.
El costo total del proyecto de ampliación y modernización ascendió, según lo confirmado por el organismo de control, a los USD8.016 millones. Son USD4.023 millones más que lo presupuestado inicialmente, que había sido USD3.993 millones (según una línea base establecida en 2009). Es un incremento del 100%. Puestos así, son números que tienden a deslumbrar y quizá no resulta tan evidente lo astronómico de las cifras enunciadas. Con un dólar que lleva rato sobre los $3.000, estaríamos hablando de un desfase que ronda los $12 billones.
Para precisar un poco mejor la dimensión de la cantidad, el contralor Edgardo Maya Villazón explicó que la inversión para modernizar Reficar terminó siendo 1,5 veces mayor a la requerida para la ampliación del Canal de Panamá. Se pueden establecer, por supuesto, muchas más analogías, como decir que los sobrecostos de la refinería valen más que construir el metro con el que Bogotá sueña desde hace décadas. Pero basta señalar que el Gobierno vendió su 57% de participación en la generadora Isagén por la mitad de ese valor, es decir $6 billones, para entender como plenamente justificada la indignación.
Queda abierto el interrogante de cuántas vías 4G, cuántos proyectos de vivienda o cuántos esfuerzos para contrarrestar el impacto de la sequía en el sector energético se habrían podido financiar con tal cantidad de dinero, si hubiera existido una gestión más eficiente y un control más oportuno del proyecto, iniciado desde 1996. Lo que ha salido a la luz pública en Reficar, filial de Ecopetrol, no guarda ninguna coherencia con el mensaje de austeridad que se ha empeñado en recalcar el Gobierno.
La Contraloría habla de “una verdadera feria de adiciones a contratos”, y señala que el 18% de más de 1.800 contratos tuvieron incrementos superiores al 100%.
Es innegable la importancia de Reficar para la industria y el papel crucial que juega en la producción nacional de combustible. Eso solo añade otra capa de gravedad a lo sucedido. Al final de cuentas, se trata de recursos públicos, de todos los colombianos. No puede ser que el patrimonio de todos termine rifado, y que la ilusión de una empresa más fortalecida haya sido empleada como fachada para enriquecer a unos pocos.
La empresa ha respondido, entre otras cosas, que “las causas de las variaciones no siempre son sobrecostos”, y sustenta multimillonarias adiciones con cambios en la actividad de construcción. No obstante, Reficar, Ecopetrol y la empresa Chicago Bridge and Iron, contratista principal del proyecto, aún tienen más respuestas que dar.
Una gestión poco eficiente puede ser igual de lesiva, o más, que la corrupción. Y como tal también debe ser rechazada y sancionada. Porque lo cierto es que para recuperar un poco de coherencia no hay otro camino para el Gobierno que llevar al fondo la investigación y establecer responsabilidades, si las hubo. Debe haber una actuación ejemplarizante si se demuestra que hubo un mal uso de recursos. En estos momentos, lo único que no se puede ahorrar son los esfuerzos por velar por el buen manejo de lo público.
