Sucedió otra vez. Las llamas consumieron este jueves varias celdas del pabellón B de la cárcel Modelo, ocupadas por 72 internos que a esa hora se encontraban en el patio para una requisa rutinaria. Es probable que ese procedimiento de control los haya salvado de morir calcinados en los pasillos del penal, como sí ocurrió el 27 de enero de 2014 cuando 17 presos perdieron la vida durante otra conflagración, en la peor tragedia carcelaria que ha vivido el país, que tristemente tuvo a Barranquilla como escenario.
Han pasado tres años y seis meses desde esa noche de lunes en que la cárcel se convirtió en un infierno luego de que un grupo de internos se enfrentara en el pasillo 7 del pabellón B por el control de la venta de drogas dentro del penal, y las medidas que en su momento se tomaron para acaparar titulares de prensa parecen no ser suficientes. El incendio de hace dos días, originado por un corto circuito en el piso 6, según las primeras investigaciones, demuestra que el estado de las instalaciones no es el ideal para albergar una población carcelaria que supera el 100% de hacinamiento: la capacidad es de 450 reclusos y actualmente cobija a 970.
Tras la tragedia de 2014, se arreglaron las redes eléctricas, se construyó lo arrasado por el fuego y se mejoró el alcantarillado, contratos por 1.840 millones de pesos que tuvieron como finalidad la conservación de la infraestructura física del establecimiento carcelario.
Estas medidas no han sido más que paños de agua tibia para un problema de fondo que trasciende a la ciudad: el hacinamiento ocasionado por el colapso del sistema penal acusatorio, confirmado hace un par de semanas por el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien puso el dedo en la llaga.
En el país hay 112.000 audiencias represadas y 15.000 personas a las que no se les ha resuelto su situación jurídica. Para ellos se creó la Ley 1786 de 2016, la cual ordena que el plazo de las medidas de aseguramiento, tanto intramurales como domiciliarias, no podrá exceder un año.
En la Modelo hay 610 personas sindicadas de la comisión de diferentes delitos, y el 30% de ellas aplica para la libertad por vencimiento de términos. Por esta razón se estima que, en el lapso de dos a tres meses, hasta 200 reclusos pedirán su excarcelación.
Luego del incendio del jueves se activó un Comité Extraordinario de Cárceles que, como primera medida, dispuso la entrega de colchonetas a los presos, la realización de una jornada de limpieza para remover los escombros y la actualización del análisis del riesgo de la cárcel para prever situaciones de vulnerabilidad, especialmente en el manejo de la red eléctrica. Son medidas que parecen ser más de lo mismo y que no representan una solución de fondo.
