La primera acción de la recién instalada Asamblea Constituyente del chavismo fue lo más parecido a una declaración de guerra: la fiscal Luisa Ortega, considerada por el oficialismo como una traidora, fue destituida fulminantemente, al tiempo que fuerzas de seguridad del Estado asumieron el control de la sede del ente acusador, con el argumento de que se encontraba “en emergencia”.
Es una pésima señal de la concentración de poder que tendrá esta Asamblea, que prácticamente ha desplazado al parlamento elegido democráticamente a finales de 2015 y de mayorías opositoras. No hay duda de que se trata de un mensaje directo para desestimular la aparición de disidentes en las filas oficialistas y desalentar a la oposición.
No hubo necesidad ni de votar la propuesta de destituir a la fiscal Ortega. Apenas Diosdado Cabello la dio a conocer en el seno del Palacio Legislativo, fue aprobada por aclamación.
La destitución de la fiscal fue condenada de inmediato por varios gobiernos, entre ellos el colombiano. El presidente Juan Manuel Santos la calificó como el “primer acto dictatorial” de la Asamblea Constituyente.
Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores de Mercosur, decidieron ayer de forma unánime suspender a Venezuela por la “ruptura” del orden democrático con la entrada en funciones de la Asamblea.
Al frente de ese instrumento que desde ya da muestras de convertirse en una especie de ‘tribunal revolucionario’ se encuentra la excanciller Delcy Rodríguez, quien para muchos analistas puede llegar a tener más poder que el propio presidente Nicolás Maduro.
Defensora incondicional del chavismo y la revolución bolivariana, Rodríguez fue la punta de lanza del gobierno para enfrentar al secretario de la OEA, Luis Almagro, cuando este insistió en aplicar la carta democrática.También protagonizó choques por la permanencia de Venezuela en Mercosur. Su fiereza la llevó a ganarse el remoquete de ‘La Tigra’ por parte de Maduro, lo que parece no disgustarle.
Ahora, como presidenta de la Asamblea Constituyente, Rodríguez está más arriba de los poderes públicos que han sido el eje de la democracia en su país, lo que no se había presentado ni en la época del propio Hugo Chávez.
¿Qué sucederá con el parlamento legítimamente elegido?, es uno de los grandes interrogantes. La respuesta, nada permite pensar lo contrario, es que sus funciones serán absorvidas por la Asamblea, como quedó claro con la decisión de destituir a Ortega.
Son 545 los diputados oficialistas que el pasado viernes juraron ser “fieles, leales y consecuentes” con las ideas de Chávez “hasta que sus almas se rompan”. Eso lo dice todo.
