El último contenedor con las armas entregadas por las Farc salió ayer de Pondores, en Fonseca (La Guajira) en lo que se constituye en una nueva fase del proceso de paz: la terminación de las 26 zonas veredales transitorias, que le dieron paso a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

No es solamente el cambio de nombre. En la práctica, si se cumplen los compromisos pactados con las Farc, en estos espacios se desarrollará la transición a la vida civil de los excombatientes de esa guerrilla, siempre bajo la vigilancia de la Policía, que permanecerá tres años en esas zonas.

Las armas entregadas en Pondores serán llevadas a Funza (Cundinamarca), donde se depositará en una bodega especial todo el material bélico recogido por la ONU.

Según ‘Iván Márquez’, líder negocionador de las Farc, con la extracción de los últimos contenedores “ha terminado el proceso de verificación, tanto del cese del fuego como de la dejación de armas”.

Es decir, las Farc son oficialmente un grupo sin armamento, lo que se ve representado en la decisión de cambiar su nombre por el de Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia una vez reciban el reconocimiento político.

Mientras el proceso de reincorporación a la vida política y económica del país avanza, las Farc preparan su congreso fundacional como movimiento político, anunció ‘Márquez’.

Una medida adicional ha sido la expedición de una resolución por parte del presidente de la República para que 709 integrantes de las Farc que se hallan en las cárceles del país, se conviertan en gestores de paz para implementar de manera eficaz los acuerdos, en especial en los puntos de reparación de víctimas, búsqueda de desaparecidos y desminado.

Estas personas tendrán que rendir informes bimensuales sobre su gestión y estarán bajo la supervisión de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Sin embargo, en esta etapa de transición, el tema de la seguridad tanto de los desmovilizados como de las comunidades aledañas a las áreas de reincorporación, sigue siendo candente y despierta dudas.

La responsabilidad del Gobierno y de las Farc es despejar todas las incógnitas que esta nueva etapa suscita en algunos sectores, lo mismo que temas como la desmovilización de los menores reclutados y la entrega de bienes para la reparación de las víctimas del conflicto. La credibilidad es ahora la mejor arma de ambas partes.