La Fiscalía ha puesto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia una serie de presuntas irregularidades en el proceso que se sigue contra la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto.
Pinto se encuentra bajo medida de aseguramiento en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá, por supuesta corrupción en dos contratos del programa para reducir la mortalidad infantil en el municipio guajiro de Albania.
La Fiscalía ha intentado que el proceso penal contra Pinto, que se lleva a cabo en la ciudad de Maicao, se traslade a Bogotá, por entender que en la ciudad guajira no existen plenas garantías para el desarrollo normal del caso.
Una de las denuncias del ente acusador se refiere, precisamente, al modo en que el Tribunal Superior de La Guajira decidió mantener el caso en la península.
El 21 de julio pasado, la escribiente del Juzgado Segundo Promiscuo de Maicao remitió al Tribunal Superior la solicitud de cambio de radicación del proceso. Lo extraño, para la Fiscalía, es que dicho documento no fue dirigido a la corporación (compuesta por varios magistrados, que en teoría se deben repartir los caos al azar), sino a un magistrado concreto: Jaime Móvil Melo. Coincidencialmente, una acta del Tribunal Superior fechada ese mismo día asigna el caso a Móvil Melo.
El 3 de agosto pasado, el citado magistrado, actuando como ponente, rechazó la petición del fiscal 28 Anticorrupción de trasladar el expediente a Bogotá. Este había esgrimido cuatro de las cinco razones estipuladas en la ley para solicitar el cambio de radicación, entre ellas las amenazas que han denunciado o los temores que han expresado varios testigos en un entorno donde Pinto aún ejerce poder político.
La Corte Suprema debe decidir con prontitud si las inquietudes de la Fiscalía tienen o no fundamento. Lo peor que le puede pasar a la justicia, sobre todo en este momento en que es objeto de fortísimos cuestionamientos, es que este caso quede sin resolver. O que se resuelva en medio de una bruma de sospecha y desconfianza.
Sobra decir que a la exgobernadora Pinto le asiste, como a cualquier ciudadano, el derecho de la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, a la sociedad en su conjunto le asiste el derecho a una justicia que defienda el interés público con celeridad, rigor y transparencia.
Por todo ello, es necesario que no quede la más mínima sombra de duda de que este caso será tratado con toda la seriedad que requiere. Es lo mínimo que cabe hacer por un país que asiste conmocionado a la crisis de la justicia y a un departamento que intenta sobreponerse a una larga debacle institucional.
