Los fuertes cuestionamientos de la Fiscalía al listado de bienes entregado por las Farc en el marco del acuerdo de paz, que serán utilizados para reparar a las víctimas del conflicto armado, son uno de los tropiezos más duros que ha tenido el proceso con esta guerrilla, ya que las voces de indignación no se hicieron esperar en todo el país, incluso desde sectores tradicionalmente afines al Gobierno Nacional.
Ha sido tanto el revuelo, que el Ejecutivo prepara la creación de un Comité Intersectorial para estudiar cada uno de los bienes reportados y comprobar su existencia.
La información entregada por las Farc a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas fue calificada por el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, como “inútil e improcedente”. Allí, según el fiscal general, se incluyeron escobas, traperos, sartenes, pocillos, botas, exprimidores de naranja y limón, así como otros elementos que no aportan en la reparación de las víctimas de 50 años de guerra interna.
Una de las voces de apoyo que recibió el fiscal fue la del procurador general, Fernando Carillo, quien desde Barranquilla fue enfático al afirmar que “sin bienes, la legitimidad del proceso está en entredicho”. No le falta razón al jefe del Ministerio Público, pues la piedra angular de las conversaciones en La Habana siempre fueron las víctimas, pero las dudas que se tejen ahora sobre la reparación dejan caer un manto sobre la buena voluntad de la guerrilla.
Sin embargo, las Farc respondieron ayer que reportaron 963.000 millones de pesos en bienes dentro del listado entregado a las autoridades. Sobre los ‘activos’ duramente criticados por la Fiscalía, como sartenes y pocillos, el líder guerrillero Pastor Alape hizo un llamado a no hacer demagogia con el tema de la reparación, ya que lo de las Farc “apenas representa una contribución modesta a la reparación material”, y reiteró que la posición de su organización es que el Estado es el que debe atender a las víctimas. Recordó que en el listado hay 241.560 hectáreas, ganado, medios de transporte y dinero en efectivo, además de caletas y propiedades que ya están en poder del Gobierno.
En medio del escándalo, el ministro de Justicia, Enrique Gil, recordó que los guerrilleros que oculten propiedades perderán los beneficios de la Justicia Especial de Paz (JEP).
El tema candente que se avecina es el de la utilización de esos bienes para financiar la campaña política de las Farc, lo que la Fiscalía considera que podría suceder, ya que el marco legal lo permitiría, pero que el Gobierno desmiente.
