Hasta dónde va a llegar esta locura? Es la pregunta que se hacen atónitos los colombianos ante la desenfrenada espiral de corrupción que sacude estos días a las instituciones del país.
No pasa día sin que estalle un nuevo escándalo o sin que las investigaciones sobre procesos en curso hagan aflorar ramificaciones sorpresivas en la causa judicial.
Hace tres días, los ciudadanos asistieron a un hecho inédito en la historia reciente del país: el encarcelamiento de un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, otrora la institución más prestigiosa.
En su acusación contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, la Fiscalía hizo una descripción pormenorizada sobre la trama criminal que habrían montado este togado y otros dos colegas –Leónidas Bustos y Gustavo Malo– cobrar cuantiosas sumas a políticos a cambio de archivar procesos judiciales en su contra.
Los negocios detectados hasta ahora por la Fiscalía –con la colaboración del exfiscal Anticorrupción Gustavo Moreno, que se encuentra preso por su implicación en el escándalo– suman $3.000 millones.
Uno de los políticos más enredados en el caso es el senador Álvaro Ashton, connotado dirigente del partido Liberal en el Atlántico, que habría pagado $1.200 millones para que se archivara un proceso en su contra por nexos con el paramilitarismo. Otros políticos involucrados en el caso son el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons (que está en EEUU huido de la justicia), el senador Musa Besaile (el mayor elector del partido de la U) y el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.
En paralelo sigue su curso en los tribunales otro escándalo colosal, el de los sobornos de la compañía Odebrecht. Un asunto que para algunos ya parece del pleistoceno ante la velocidad con que crece y se multiplica la corrupción en el país.
El exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade ha sido encarcelado por este caso que ya enloda las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga y en el que, según diversas fuentes, podría haber muchos más implicados, incluidos conocidos periodistas.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha dado un paso sin duda osado al hurgar en semejantes cajas de Pandora. Las investigaciones están provocando tales tensiones, que la Corte Suprema pidió ayer trasladar al delator Moreno a una guarnición militar ante los riesgos que corre su vida.
El Fiscal General debe seguir con pulso firme las investigaciones que está adelantando contra la corrupción. Los colombianos deben tener la garantía de que, pese a la extrema gravedad del momento, al final el que la hace la paga.
