Buena parte del mundo ha seguido atónita los últimos acontecimientos en España, donde el Gobierno de Cataluña ha celebrado un referéndum para decidir sobre la independencia de dicha comunidad.
Se trataba, como lo confirmó el Tribunal Constitucional, de una consulta ilegal, ya que el Gobierno central es el único facultado para convocar referendos relativos a la Constitución, como lo era, sin duda, un asunto tan serio como la propia integridad del Estado.
El Gobierno central, encabezado por el líder del conservador Partido Popular, Mariano Rajoy, reaccionó con contundencia contra lo que calificó de insurrección. En una medida inédita en la reciente historia de la democracia española, envió contingentes de la Guardia Civil y la Policía a territorio catalán para intentar abortar la consulta.
Las imágenes del despliegue de dichas fuerzas estatales, y la dureza con que actuaron el día del referendo, recibieron fuertes críticas de la prensa internacional, que consideró impropia de una democracia moderna tan violenta reacción ante una consulta que, aunque ilegal, se desarrollaba de manera pacífica.
La situación en España es incierta dos días después del traumático referendo, en el que solo votó el 42% del censo electoral, del cual un 90% (2,2 millones) lo hizo por el ‘sí’. Hay que tener en cuenta que la práctica totalidad de los contrarios a la independencia no acudió a las urnas, y que un número impreciso de independentistas tampoco llegó a ellas, por la represión policial o por temor.
En un escenario tan dividido, y con una participación que no llegó ni a la mitad del censo electoral, cometerían un craso error los independentistas si declarasen de modo unilateral la independencia.
De mismo modo, mal haría Rajoy si creyese que todo volverá a ser como antes del referendo y que podrá seguir desconociendo, cuando no desdeñando, la existencia de un problema de encaje de Cataluña en el Estado español.
Rajoy podrá alegar que fue obligado a aplicar la ley. Lo que muchos se preguntan es si hacía falta una reacción policial tan desproporcionada. Y –lo más importante– culpan a Rajoy de dejar podrir las cosas después de haber abanderado en 2006 una cruzada contra el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán, que resultó ‘podado’ por el Constitucional, para ira de muchos catalanes.
Es indudable que los independentistas han actuado con temeraria irresponsabilidad. Pero es probable que Rajoy no habría tenido que aplicar la ley si en la última década hubiera hecho política para buscar una salida inteligente al innegable ‘problema catalán’.
