La falta de políticas públicas para la atención integral de los venezolanos que a diario ingresan al país está a punto de convertir la crisis humanitaria de los inmigrantes en una bomba de tiempo en las calles de cualquier ciudad colombiana.

El aumento en la migración de venezolanos y colombo-venezolanos que han regresado al país ya pasa factura en capitales como Barranquilla, donde cientos de ellos han empezado a levantar casas de madera en una zona de alto riesgo a la que le han dado el nombre de ‘Villa Caracas’, y los que no tienen ni para las tablas duermen en las calles, en la Terminal de Transportes, debajo de los puentes o donde los sorprenda la noche.

Según los datos más recientes de la Personería, son 25 mil los venezolanos que han llegado a Barranquilla en busca del ‘sueño colombiano’, que no es otro que el de conseguir dinero en cualquier actividad fija o temporal para enviar a sus familias al otro lado de la frontera.

El tema es de tanta gravedad que ha sido motivo de debate en las recientes cumbres de gobernadores de la Costa, sin que hasta la fecha exista una respuesta concreta desde Bogotá.

La crisis actual amerita pasar de una atención basada en criterios de gestión de riesgo, a una política pública de carácter migratorio, estructural y definitiva.

Un punto que ha sido planteado por los gobernadores es la creación de un documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) que encamine acciones integrales y estructurales para atender la crisis en todas las regiones.

El primer paso no puede ser otro que la realización de un censo de actualización de las cifras migratorias en todo el país, para luego diseñar un sistema de información que permita obtener datos precisos en materia de salud, educación y empleo.

De acuerdo con las cifras de Migración Colombia, al menos 350.000 venezolanos han ingresado al país para quedarse de forma definitiva desde 2015. Son los casos que figuran en los registros, pero el número de migrantes que entra de manera irregular es imposible de verificar.

La atención a la población más vulnerable llegada del vecino país debe ser prioritaria, es decir, a los niños, ancianos y mujeres en estado de gestación. El derecho a la educación y la salud tiene que estar garantizado para ellos.

Solo así el país podrá liberarse del estallido social que significaría dejar a cientos de miles de personas a su suerte, sin posibilidad de regresar y sin esperanza de encontrar una mejor vida.