Aunque las autoridades no han confirmado el nexo entre la aparición de un panfleto amenazante de carácter extorsivo, que fue recibido por la empresa SuperGiros, y el asesinato de dos vendedores de chance en Soledad y Juan de Acosta, la alarma es general entre las personas dedicadas a este oficio, en su mayoría mujeres, como quedó demostrado ayer cuando varios puntos de venta no fueron abiertos al público.
Un grupo élite de la Policía, enviado desde Bogotá, apoyará la investigación de las autoridades locales, a lo que se sumó una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre el origen de los asesinatos.
José Manuel Chíquez Rojano, joven ingeniero de sistemas, había llegado de Venezuela con su mujer embarazada, por la crítica situación social de ese país, y se ganaba la vida como vendedor de chance en el barrio Costa Hermosa, de Soledad. El martes por la noche, un hombre introdujo una pistola por la ventanilla de atención y acabó con su vida.
Esa noche, en Juan de Acosta, Martina Luz Villa, de 46 años, fue asesinada en su puesto de trabajo en la vereda El Vaivén. A ella le habían pasado un panfleto con la advertencia de que no podía ir a vender ese día, pero pudo más su responsabilidad y la necesidad de trabajar para colaborar en su hogar.
SuperGiros, la empresa administradora del negocio del chance en Atlántico, con 3.400 unidades de apuestas, confirmó la existencia del panfleto firmado por un supuesto Frente Capital Barranquilla de las Autodefensas Gaitanistas del Caribe, en el que se amenaza con lesionar o matar empleados si no se cumplen las exigencias.
La autenticidad del documento está siendo analizada por un grupo interinstitucional de Policía y Fiscalía, pero dos asesinatos en la misma noche no parecen una coincidencia.
Ayer, varios puntos de apuestas amanecieron con vigilancia policial, lo que demuestra el compromiso de la institución con la seguridad de estos trabajadores, pero no es suficiente. El pánico ya se apoderó de las vendedoras, y muchas de ellas fueron a sus puestos sin uniforme para no ser identificadas en la calle.
La situación hace recordar la etapa de tensión vivida hace cuatro años cuando tres vendedoras fueron asesinadas y más de 200 renunciaron por miedo a que las mataran en retaliaciones de una banda criminal contra la empresa Uniapuestas. Está en manos de las autoridades que este drama no se repita.
