“Es una mala bestia”, escribió en Facebook junto a la foto de su rifle semiautomático Rueger AR 556 el autor de la masacre de Texas, Devin Kelley. El exsoldado, condenado por violencia contra su mujer e hijo, no tenía permiso para portarlo, pero eso no fue impedimento para conseguirlo en el mercado por 799 dólares.
El domingo, Kelley, de 26 años, ingresó vestido de negro a la iglesia baptista de Sutherland Springs (Texas) y abrió fuego contra unas 50 personas, entre ellas varios niños y ancianos. El saldo: 26 muertos y más de 20 heridos, en la quinta masacre a bala más grande en la historia de Estados Unidos.
Una de las hipótesis indica que Kelley buscaba eliminar a su suegra, quien ese día no asistió a la parroquia. Sin embargo, las autoridades todavía no descartan otros móviles. Finalmente, el asesino, quien desde su salida de las Fuerzas Armadas no había conseguido empleo, fue abatido por la Policía luego de una persecución.
En una de sus primeras declaraciones tras la masacre, el presidente Donald Trump pidió no culpar a las armas por el comportamiento de Kelley, ya que en su opinión se trató de un problema de “salud mental”.
En defensa de la posición que ha mantenido desde antes de su llegada a la presidencia, Trump aseguró que la tragedia pudo ser mucho mayor si un habitante del pueblo, también armado, no hace huir al asesino enfrentándolo a tiros cuando salía de la iglesia.
De esta forma, Trump reiteró su pensamiento sobre la venta de armas de fuego en su país, tema que vuelve a la agenda cada vez que una masacre sacude los cimientos de la sociedad. Hace un mes, 59 asistentes a un concierto en Las Vegas perdieron la vida a causa de los disparos de un hombre desde la ventana de un edificio cercano. Fue el tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos, pero las medidas de control exigidas desde distintos estamentos no son fáciles de aprobar.
La National Rifle Association (NRA), mayor defensora de la Segunda Enmienda de la Constitución y del derecho del pueblo a tener y portar armas, es también una de las organizaciones con más poder dentro del partido Republicano, al que pertenece Trump.
Porque además del multimillonario negocio que representa la venta de armas, la división entre quienes defienden la Segunda Enmienda y quienes consideran urgente aplicar restricciones, tiene claros tintes partidistas que hacen prever que no será Donald Trump el que se atreva a dar el primer paso.
