La situación de los 58 colombianos presos en Caracas cada día se torna más enredada a pesar de que un juez ordenó hace 19 días su libertad inmediata. La incertidumbre es la única compañía de estos compatriotas, quienes continúan detenidos por orden directa del presidente Nicolás Maduro, a pesar de existir una decisión judicial a su favor.
Esta semana, el grupo de detenidos, que completa un año y tres meses en prisión, recibió la visita del cónsul colombiano en la capital venezolana, quien les informó que pasarían las fiestas decembrinas tras las rejas. Como incentivo, el diplomático prometió llevarles “buñuelos y empanadas” para Navidad, según testimonios de los reclusos.
La visita del cónsul fue calificada por varios de los detenidos como una “burla”, al tiempo que exigieron acciones concretas del Gobierno colombiano para recuperar su libertad.
El primero de septiembre de 2016, Maduro anunció por los medios de comunicación que había sido detenido un comando paramilitar colombiano que planeaba un atentado en su contra. Desde entonces, estas personas permanecen privadas de la libertad sin más pruebas que las palabras del mandatario venezolano, como lo corroboró la justicia del vecino país al otorgarles su libertad sin restricciones.
Sin embargo, la determinación judicial no ha sido respetada, y los connacionales se aferran a la intermediación de la Cancillería colombiana como tabla de salvación.
EL HERALDO le ha seguido la pista a la dramática situación de estos colombianos con una serie de informes que han llevado al Congreso de la República y a la Procuraduría General a exigir acciones inmediatas del Gobierno. Al respecto, el Ministerio Público determinó un lapso de cinco días hábiles, que comenzaron el primero de diciembre, para que la Cancillería “estableciera un plan jurídico” en procura de lograr la libertad de los 58 compatriotas, 53 de ellos oriundos de la Costa Caribe.
Pero poco o nada han logrado las gestiones con el Gobierno venezolano. La Cancillería asegura que mantiene conversaciones de alto nivel y que en ningún momento estas personas han sido desamparadas, lo que es desmentido por los detenidos, quienes afirman que no han recibido apoyo de su país.
La angustia traspasa fronteras, y en la Costa decenas de familias aguardan con angustia el desenlace de una historia que para muchos de los detenidos comenzó con el sueño de alcanzar una mejor vida en Venezuela y terminó como una pesadilla de la que aún no despiertan.
