El sistema de salud del país no solo atraviesa uno de sus peores momentos en materia de atención, sino que a través de él se han cometido varios de los más grandes desfalcos relacionados con la corrupción en la Costa. El más reciente de ellos, denunciado ayer por el procurador general Fernando Carrillo, es el del denominado cartel del sida, que, según el alto funcionario, deja en pañales al de la hemofilia, el del síndrome de Down, el del asma y el de la esquizofrenia.
El cartel del sida, como varios de los anteriores, operaba en el departamento de Córdoba, donde el gobernador Edwin Besaile acaba de ser suspendido tres meses por la Procuraduría para evitar que interfiera en la investigación del cartel de la hemofilia, “teniendo en cuenta el grado de subordinación de los funcionarios que intervinieron en el trámite de los pagos a la IPS”.
La sanción contra Besaile se enmarca dentro de la investigación por el “pago de más de $1.500 millones de pesos a la IPS San José de La Sabana S.A.S., para la atención de 14 falsos pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia”, de acuerdo con la Procuraduría.
Ahora, el ente de control destapa un nuevo escándalo, esta vez con falsos pacientes que habrían cobrado tratamientos por cifras multimillonarias. El método fue el mismo que el empleado en los otros carteles: utilizaban nombres ficticios o, incluso, de fallecidos.
Unos 800 pacientes ‘fantasma’ habrían desangrado las arcas del departamento por el doble de los 50.000 millones que, se calcula, fueron desviados en el cartel de la hemofilia. El tratamiento para el virus cuesta cerca de 600 mil pesos al mes por cada afectado, por lo que la investigación se centra ahora en establecer cuánto tiempo duró el desfalco.
Córdoba ha sido en los últimos años uno de los departamentos más golpeados por la corrupción, y como consecuencia de ello varios de sus jefes políticos se encuentran hoy investigados, sancionados o tras las rejas. Es el caso del senador Musa Besaile, hermano del actual gobernador.
Otra de las medidas que han sido tomadas para evitar que continúe el desangre es la suspensión del contrato de una firma auditora para recobros al sistema de salud. Igualmente, los entes de control como Procuraduría y Fiscalía apoyan la iniciativa del Ministerio de Salud para frenar los cobros elevados por los medicamentos para enfermedades catastróficas.
La problemática ha dejado al descubierto la manera en que algunos políticos se valían de la salud de los ciudadanos para beneficio propio, varios de los cuales intentan mantener su poder en las próximas elecciones.
