La Fiscalía General de la Nación alertó ayer, mediante un trino, que la casa a la que la justicia ha enviado a Enilse López, ‘la Gata’, para que cumpla prisión domiciliaria se encuentra incursa en un proceso de extinción de dominio por la vinculación de su dueña con el lavado de activos.
Las sorpresas no terminaron allí. Tras el aviso de la Fiscalía, la Sociedad de Activos Especiales, heredera de algunas funciones de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, reveló que el inmueble está ocupado irregularmente por una persona identificada como Maricel Barrios, que ha esquivado varios intentos de la institución por tomar el control de la propiedad.
Estamos ante un nuevo y sorprendente episodio en el largo novelón en que se ha convertido la trayectoria penal de ‘la Gata’ desde que, en 2011, fuera condenada a 37 años de prisión como determinadora del asesinato de Amaury Fabián Ochoa.
Lo primero que consiguieron los abogados de López fue que no la enviaran a prisión, sino que se le internara en un hospital por motivos de salud. A continuación, lograron su traslado a “tierra caliente”, y de ese modo llegó a Barranquilla, donde la ingresaron en el hospital Cari.
Durante su estancia de cuatro años en este centro, disfrutó de unos privilegios a los que no accedería cualquier persona que está cumpliendo una condena: mandó instalar una puerta blindada en su habitación, logró que sus guardaespaldas dispusieran de un cuarto contiguo al suyo y, tal como lo reveló en días pasados EL HERALDO, obtuvo autorización para construir un jardín en el hospital.
El 18 diciembre pasado, se produjo un nuevo salto en el caso cuando el juez séptimo de ejecución de penas de Barranquilla ordenó el traslado de la exempresaria a su casa para que cumpla allí su condena. Una decisión que intentó detener la Procuraduría General de la Nación, por considerar que no existían motivos suficientes que justificaran dicho cambio de estatus en la situación penitenciaria de López.
Y ahora, como señalábamos antes, resulta que la vivienda, situada en el norte de la ciudad, se encuentra en medio de un proceso de extinción de dominio que no se ha podido llevar a cabo porque –¡oh, sorpresa!– una ocupante “irregular” de la casa ha impedido ejecutar el trámite judicial.
Toda esta historia deja un pésimo sabor de boca a quienes, pese a todo lo que está sucediendo en el país, aún intentan creer en la justicia. Alguien, alguna institución, debería intervenir decididamente en este escabroso asunto para aclarar a la ciudadanía cómo es posible que estemos asistiendo ante semejante espectáculo. Un hecho que, si no fuese de gravedad tan extrema, podría pasar por un vulgar sainete.
