La liberación de Dayana Jassir De la Hoz por vencimiento de términos en el proceso judicial por el homicidio de su esposo, el exdirector regional de Medicina Legal Eduardo Pinto Viloria, es otra muestra del colapso de la administración de justicia en el país, que ha permitido la excarcelación de cientos de presos.
Sin entrar a calificar el caso contra Jassir De la Hoz, quien continúa vinculada a la investigación como presunta determinadora del homicidio de su esposo, es claro que el país necesita una justicia más rápida y eficiente.
El juez tercero penal con funciones de control de garantías consideró que en el caso de Jassir pasaron 179 días sin que se diera inicio al juicio oral, y la Ley 1786 de 2016 estipula 120 días para el comienzo del juzgamiento. Esto quiere decir, según el togado, que corrieron 59 días de más, que son atribuibles a las demoras en la justicia. Por esta razón la viuda recobró su libertad a pedido de la defensa.
Lo que debe llamar la atención de la sociedad no es tanto la decisión del juez, quien deberá responder en caso de que se compruebe alguna irregularidad, sino el funcionamiento mismo del aparato judicial colombiano.
Tras la decisión, la familia de Pinto Viloria acusó a la defensa de Jassir de dilatar el proceso para conseguir este beneficio.
Hilber Pinto Aragón, diputado de La Guajira y tío del médico Eduardo Pinto Viloria, aseguró que se encuentran “consternados” por la forma como ha operado el sistema judicial en torno a este proceso, que “favoreció” a quienes consideran “fue quien fraguó el crimen” del director de la Regional Norte de Medicina Legal, ocurrido el 4 de mayo de 2016.
Por allanarse a los cargos y colaborar con la Fiscalía en el esclarecimiento del asesinato, los tres autores materiales, Johan Beltrán Ulloque, Jesús Gutiérrez Arrieta y Miguel González Reales, recibieron condenas de 19 años de cárcel cada uno, desde finales de 2016. Beltrán Ulloque, según la investigación de la Fiscalía, sostenía una relación sentimental con Dayana Jassir.
La excarcelación masiva de reclusos por vencimiento de términos ha sido duramente cuestionada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para quien el balance es “deplorable” y entorpece la lucha contra el delito.
De acuerdo con la Fiscalía, al menos 11.000 presos podrían sacar provecho de esta situación, que el ente investigador atribuye, en repetidas ocasiones, a las maniobras dilatorias de las defensas.
