La polémica por los bienes declarados por las Farc en el marco del acuerdo de paz, requisito para acceder a los beneficios de la Justicia Especial, revivió esta semana con fuerza luego de la ocupación con fines de extinción de dominio de 60 supermercados de la cadena Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, localizados en Cundinamarca, Tolima y Quindío, lo mismo que de otras propiedades y sociedades, todo por valor de $650.000 millones.
La Fiscalía, que realizó la investigación, la calificó como la ocupación de bienes más grande en la historia del país contra testaferros de las Farc, y advirtió que los líderes de esa organización podrían quedar por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de comprobarse que omitieron entregar la información.
No es un tema sencillo, por lo que se requiere la mayor claridad por parte del ente fiscalizador. Lo que está en juego es la posibilidad de que algunos guerrilleros pierdan los beneficios adquiridos tras el pacto de La Habana y sean juzgados por la justicia ordinaria.
A la cadena de supuestos “supermercados de la guerrilla”, que figura a nombre de los hermanos Norberto, Uriel y Edna Mora Urrea –quienes ayer recibieron medida de aseguramiento y fueron enviados a la cárcel–, se le impuso la extinción de dominio basándose en los testimonios de varios desmovilizados de las Farc que dan cuenta de que la relación entre esta familia y la guerrilla comenzó en la época de la zona de distensión del Caguán, ya que la madre de los implicados habría sido cercana al ‘Mono Jojoy’.
De acuerdo con el órgano investigador, los supermercados habrían servido no solo para lavar activos de las Farc sino para abastecer a sus tropas. Su éxito creció en forma acelerada debido a que los productos eran vendidos a bajo precio.
A pesar de las pruebas que dice tener la Fiscalía, los líderes del movimiento político de la Farc calificaron ayer la investigación como “noticia espectáculo”, y negaron cualquier nexo con la cadena de supermercados, al tiempo que acusaron al fiscal general Néstor Humberto Martínez de “entorpecer la implementación del acuerdo de paz”. Además, el grupo afirmó en un comunicado que “lo que se impute tendrá que comprobarse en los estrados judiciales”.
Está en manos de la Fiscalía demostrar la seriedad y rigurosidad de una investigación que podría cambiar el rumbo del acuerdo de paz, ya que al haber omitido reportar estos bienes, las Farc estarían atentando contra dos de los pilares del pacto: la verdad y la reparación.
