El Gobierno tiene preparado el decreto que permitirá realizar el primer censo de venezolanos en el país, con el ánimo no solo de saber cuántos han arribado a territorio nacional, sino quiénes son, a qué se dedican, cuál es su nivel educativo y en qué regiones se han asentado.
La información será vital para diseñar la hoja de ruta con esta población, que según los datos de Migración Colombia alcanza actualmente los 550.000 ciudadanos, pero que podría ser dos o tres veces mayor si se toma en cuenta que cientos de ellos ingresan a diario por trochas en las que no existe mayor control.
El registro oficial de venezolanos comenzará el 6 de abril, y forma parte de la estrategia del Gobierno para conocer las necesidades de esta población y brindarle ayuda. También es parte integral de la política de Estado que servirá para aliviar las cargas de los entes territoriales, que son los que han recibido todo el peso de la migración.
Uno de los objetivos es que los venezolanos tengan estatus migratorio y no de refugiados, con lo cual será mucho más sencilla su integración a la sociedad, afirma la Cancillería colombiana. Lo anterior como una continuidad de la política de puertas abiertas que ha mantenido el Gobierno desde el comienzo del éxodo.
El censo es una solicitud expresa de gobernadores y alcaldes ante la problemática en materia de salud, educación y seguridad, originada por la llegada masiva de extranjeros.
El Gobierno ha hecho precisión en que el censo solo tendrá efectos informativos, por lo que la población que ha ingresado en forma irregular al país no debe guardar temor de sanciones o deportaciones. Otro de los puntos que debe quedar claro es que esta herramienta no se aplicará a los retornados, ya que ellos deben ser tratados como colombianos.
El Registro Administrativo de Migrantes, nombre que recibirá el censo, será elaborado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Así como no se utilizará para imponer sanciones, tampoco sirve como permiso de residencia ni documento de permanencia en el país, ha explicado el Gobierno.
Se trata del primer paso en busca de una política de Estado que sea independiente de los gobiernos de turno, pues la migración venezolana dejó de ser un problema del vecino país para convertirse en una realidad que impacta por igual a toda la región.
