El derrame de petróleo en el pozo Lizama 158, en Barrancabermeja (Santander), ha provocado una devastación ambiental por la que necesariamente tienen que aparecer responsables. Las imágenes de lo ocurrido han asombrado al país en las últimas semanas, y los expertos opinan que cuantificar el desastre en materia de muerte de animales y contaminación de fuentes hídricas es imposible debido a la magnitud del mismo.
A punto de completar un mes, la mancha de crudo se extiende por el caño Muerto, la quebrada Lizama y el río Sogamoso, sin que Ecopetrol haya podido controlarla. La estatal petrolera informó que instaló tres nuevos diques para evitar que el derrame termine por afectar a todo el Magdalena Medio, pero para los ambientalistas no se trata más que de “paños de agua tibia” ya que el pozo no ha sido sellado en forma definitiva.
El Ministerio de Ambiente estudia sanciones contra Ecopetrol, que afirma que desde el 15 de marzo no ha caído más crudo, lodo y gases en los cuerpos de agua. Al respecto, el ministro Luis Gilberto Murillo ha sido enfático en que si la compañía ocultó información sobre la situación de este pozo será multada, y aseguró que es el deber de la petrolera compensar a los afectados y restaurar los ecosistemas dañados.
El Ministerio pidió a la Fiscalía y Procuraduría acompañar las investigaciones sobre el origen del derrame, que Ecopetrol atribuye a sismos en la región presentados el 1 de marzo. Lo anterior debido a que hay informaciones de que la empresa sabía de las fallas mecánicas en el pozo, abandonado en 2015 y clausurado temporalmente en 2017.
Además, el ministro Murillo no se ha mostrado conforme con la respuesta de la petrolera para hacerle frente a la emergencia, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) informó sobre el inicio de un proceso sancionatorio por la presunta falta de efectividad de Ecopetrol para atender esta catástrofe ambiental, ya que, según el ente, no se tuvo en cuenta su dimensión.
La Comisión Quinta del Senado programó un debate de control para el 3 de abril ante el impacto ambiental causado por el afloramiento. Fueron citados el ministro de Ambiente; el de Minas, Germán Arce; el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón; el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia; el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, y el director de Cormagdalena, Alfredo Varela.
¿Ocultó información valiosa Ecopetrol sobre el estado del pozo y la magnitud de la emergencia?, ¿fue activado a tiempo el plan de contingencia para reducir el impacto del derrame?, ¿quién responde por el daño a los cuerpos hídricos, los suelos y la fauna de la zona?, son algunos de los interrogantes que deberán esclarecer cuanto antes las autoridades para que esta tragedia ambiental, como tantas otras, no quede en el olvido.
