Las cifras no dan muestra de que el panorama para los niños de La Guajira haya cambiado o esté en proceso de mejora. En apenas tres meses de 2018 han muerto 16 menores wayuu, según el Instituto Nacional de Salud, por lo que la Defensoría del Pueblo demandó ayer más acciones del Gobierno para frenar esta tragedia.
Entre 2012 y 2016 murieron en La Guajira 244 niños por desnutrición y causas asociadas a esta, lo que revela que, a pesar de las tareas emprendidas por el Gobierno, no ha sido suficiente.
“Con la tendencia que tenemos este año, cuando van 16 fallecimientos por esta causa, al finalizar el 2018 llegaremos a 64 niños muertos por desnutrición, ¿y qué vamos a hacer para que esto no ocurra?”, cuestionó ayer en Riohacha el defensor nacional del Pueblo, Carlos Negret.
El problema del hambre y la sed que afecta a las comunidades indígenas vulnera, según la Defensoría, los derechos a la vida, a la salud y a la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente de los niños de esta etnia.
Las cifras ya son dramáticas, pero podrían ser mucho peores si se toma en cuenta que gran parte de la extensión ocupada por el pueblo wayuu no cuenta con presencia estatal, por lo que no existen registros precisos de nacimientos y muertes. Los datos que se conocen a la luz pública son los de los menores que alcanzan a recibir atención en centros de salud.
Es lamentable que una de las regiones más explotadas por la extracción de sus recursos naturales (gas, carbón) no garantice el acceso de sus niños al servicio de agua potable ni a una alimentación que favorezca su crecimiento.
Al respecto, entes de control e investigación como la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría han puesto el dedo en la llaga sobre las escandalosas cifras de corrupción en los contratos de alimentación escolar en La Guajira, realizados a través del programa PAE.
En julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno estructurar y ejecutar un plan para solucionar la problemática de desnutrición y salud de los niños indígenas de La Guajira, y en agosto de 2017 el Consejo de Estado solicitó tomar medidas de urgencia para salvaguardar la vida e integridad del pueblo wayuu. Sin embargo, las cifras reveladas por la Defensoría son contundentes: poco o nada ha cambiado.
Aunque es una tarea titánica modificar décadas de abandono estatal, ya es hora de que las acciones emprendidas por el Gobierno empiecen a operar transformaciones en una de las zonas más ricas de Colombia, pero que, literalmente, se muere de hambre.
