El Gobierno ecuatoriano elevó ayer una protesta formal al Ejecutivo de Colombia por la forma en que ha tratado la información sobre la identificación de los cuerpos sin vida del equipo del diario ‘El Comercio’.
En la nota enviada a Bogotá, el Ministerio de Exteriores del vecino país se hace eco del “dolor” de las familias de los tres asesinados, que se enteraron por un trino del Ministerio de Defensa colombiano del informe forense que confirmaba la muerte de sus seres queridos.
A falta de datos sobre cómo se estableció la cadena de información en este caso, evitaremos de momento una valoración sobre este choque diplomático. Si nos referimos a él es para contrastar la sensibilidad y el temple del Gobierno de Ecuador ante el drama de sus compatriotas con la pusilanimidad que está exhibiendo el Gobierno colombiano frente al de Venezuela en el caso de los 59 compatriotas detenidos desde septiembre de 2016 en Caracas.
Pese a que llevan casi dos años encerrados en terribles condiciones sin que se les haya formulado acusación alguna; pese a que una juez ordenó en noviembre su libertad incondicional; pese a que la ONU acaba de calificar de “ilegales” las detenciones; pese a que organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han censurado la situación; pese a todo ello, allí siguen recluidos los colombianos, sin que nuestra Cancillería haya elevado una protesta contra el Gobierno de Maduro.
Más allá de notas diplomáticas y unas cuantas visitas consulares para interesarse sobre el estado de los detenidos, poco se ha hecho para poner fin a esta injusticia.
Entendemos que el Gobierno de Santos quiera conducir con prudencia las difíciles relaciones con Caracas. Pero lo que no podemos aceptar es que esa cautela se convierta en tibieza a la hora de defender los derechos de nuestros connacionales.
Maduro afirmó en su día que estos eran paramilitares y formaban parte de una conspiración para derrocarlo. Pues ya ha tenido tiempo de sobra para presentar pruebas, como bien señaló la juez que ha ordenado la liberación de los detenidos. En este momento, y más allá de las sospechas que se puedan cernir sobre ellos, son seres humanos a los que les han vulnerado sus derechos.
Desde EL HERALDO seguiremos bregando por la libertad de los 59 colombianos, 54 de ellos costeños, que han encontrado en este diario un firme defensor de sus derechos.
“Todos fueron encarcelados en condiciones extremadamente difíciles. No veían la luz natural y recibían muy poca comida, generalmente comían solo una vez al día”. No es un relato de Poe. Es el informe de la ONU sobre nuestros compatriotas.
