El Contralor General, Edgardo Maya, se sumó recientemente a las voces que, desde diversos sectores, piden aplazar la decisión de explotar yacimientos de hidrocarburos usando la polémica técnica del fracking.
Los argumentos del funcionario saliente tienen que ver con la falta de preparación institucional para controlar los riesgos medioambientales de esta práctica, los cuales han llevado a algunos países a prohibirla.
El debate está sobre la mesa, ya que el nuevo Gobierno no descarta utilizar esta técnica para contrarrestar la decreciente cifra de reservas de gas y petróleo, las cuales, según los expertos, apenas alcanzan para cinco años.
Pero, quizás, lo más valioso de esta discusión es la oportunidad de que Colombia reflexione, con sensatez y sin fundamentalismos en ninguno de los bandos, acerca del modelo económico actual que depende en gran medida de la explotación de combustibles fósiles. Habría que analizar si conviene o no que un país con reservas de apenas 2 mil millones de barriles de crudo asuma sus políticas de desarrollo contando con un recurso que no abunda. Y que, ante su escasez, le apueste a aumentar la explotación en lugar de reorientar los esfuerzos en otras direcciones.
Y por otro lado está el tema ambiental, principalmente el que tiene que ver con el recurso natural que más podría afectarse con la implementación de la fracturación hidráulica: el agua. En este aspecto, al Contralor Maya no le falta razón cuando afirma que no tiene sentido explotar un recurso natural para obtener ganancias inmediatas si esa decisión afecta al más importante de todos los recursos naturales. Siempre habrá maneras de reemplazar el dinero obtenido con el petróleo y el gas, pero los daños de una eventual pérdida del agua serán irreversibles.
Por supuesto, no es conveniente satanizar al sector de los hidrocarburos y negar la importancia que tiene en nuestra economía. Sin embargo, es preciso reconocer que las políticas económicas han girado alrededor de esta industria sin que Colombia sea un país petrolero, lo cual ha afectado otros sectores productivos que bien podrían, como lo hicieron en el pasado, sustentar buena parte de la salud económica.
En cualquier caso, la decisión de implementar el fracking debe ser posterior a estudios especializados e imparciales que no solo indiquen los riesgos medioambientales implicados en ella, sino que sean concretos en señalar las maneras eficaces de reducirlos a niveles razonables.
La meta debe ser el desarrollo sostenible, y no un modelo cortoplacista que, si no se hacen bien las cosas, podría conducir a que nos quedemos sin el pan y sin el queso, sin el petróleo y sin el agua.
