La divulgación de una serie de explosivos audios que comprometen a altas figuras del Estado ha desatado en España una tormenta política de consecuencias incalculables.
El autor de las filtraciones es, según todos los indicios, el excomisario de Policía José Manuel Villarejo, que durante 25 años en cargo se las ingenió para ganarse la confianza de importantes personalidades y que hoy está en prisión provisional por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.
Los audios se han venido publicando en un portal digital de reciente creación, que diversas fuentes relacionan con Villarejo.
Algunos influyentes medios españoles consideran que, si bien el contenido de las grabaciones puede tener interés periodístico, lo que debe prevalecer en este momento es el rechazo sin fisuras a la estrategia de Villarejo, quien a todas luces está planteando un desafío al Estado ante su inminente juicio. Hay quienes opinan, sin embargo, que el repudio a los métodos del excomisario no riñe con que se investiguen los aspectos más polémicos de los contenidos de los audios.
Uno de ellos tiene repercusiones en Colombia. Recoge una conversación en 2009 de la entonces fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional y hoy Ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la que cuenta cómo, en un viaje de trabajo en Cartagena, sorprendió a sus colegas del Tribunal Supremo y la Fiscalía General con muchachas menores de edad. “Se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron. Y las explicaciones: camareras del hotel que nos han dado pena y han venido y no se qué”, dice en la grabación.
Incluso si las acompañantes eran mayores de edad, la situación sería insostenible para unos jueces y fiscales que tienen entre sus funciones combatir la trata de mujeres.
No sabemos si los audios han sido manipulados, como alega la ministra. Y comprendemos la posición de quienes abogan por no seguirle el juego al siniestro excomisario Villarejo. Pero resulta imposible pasar por alto un hecho tan grave como el que se desprende de las palabras de Delgado sobre lo supuestamente acaecido en Cartagena.
En ese sentido, nos parece acertada la posición del Procurador general colombiano, Fernando Carrillo, que ha pedido a las autoridades competentes de nuestro país que activen la cooperación judicial bilateral y adelanten las indagaciones pertinentes sobre el caso.
El hecho de que hayan pasado nueve años desde aquellos hechos no debería constituirse en obstáculo para estas averiguaciones. El comercio sexual con menores es uno de los grandes dramas de nuestro país, y cualquier indicio de este delito debe ser atendido. Esperamos que así sea en este caso.
