Definitivamente, la Costa no parece tener suerte con los ministros de Hacienda. Y, mucho menos, con su viejo anhelo de sacudirse del centralismo asfixiante que, pese a las reformas de la Constitución del 91, sigue dominando de una manera desmesurada la vida económica, política y administrativa del país.
El último capítulo en esta historia de desencuentros se produjo el 10 de octubre, cuando el proyecto de la Ley de Regiones, por el que tanto han apostado los costeños y que se jugaba su debate final en la Cámara, sufrió un frenazo por las objeciones que interpuso en el último momento el Ministerio de Alberto Carrasquilla.
El documento, firmado por el viceministro técnico Alejandro Carlos Chacón, expresa preocupación por el “impacto fiscal” que la iniciativa podría tener en los presupuestos generales. Hace especial énfasis en los riesgos de creación de una burocracia regional que no solo conduciría a posibles duplicidades administrativas, sino a una mayor carga en las cuentas públicas.
También advierte sobre un posible “desplazamiento” de las entidades territoriales más pequeñas en el acceso a los fondos de cofinanciación, debido a su menor capacidad técnica para estructurar proyectos frente a las Regiones Administrativas de Planificación (RAP).
Se trata de excusas y más excusas para dilatar un debate que ya se ha aplazado más de la cuenta: el de la descentralización efectiva de un país donde los laberintos burocráticos de Bogotá ejercen un poder aplastante.
Por supuesto que una ley de regiones va a impactar el presupuesto general, señor ministro. ¿A qué viene el alboroto? De eso, justamente, se trata. Mire con atención los datos de la Ocde y comprobará cómo las entidades territoriales arañan a la administración central cada vez más funciones y partidas presupuestarias del Estado.
Por supuesto que la creación de un ente administrativo regional exigiría la creación de una burocracia, como sucede en todos los países donde se ha avanzado en materia de descentralización. De lo que se trata es de que sea un cuerpo funcionarial mesurado y eficaz, a diferencia, precisamente, del mastodóntico aparato burocrático capitalino.
Por lo demás, sorprende la súbita preocupación por los efectos que pueda tener la iniciativa en las entidades territoriales más pequeñas, cuando muchas de ellas llevan toda la vida sufriendo las dificultades para acceder a los recursos públicos que se controlan desde Bogotá.
Si hay algo que matizar en el proyecto de ley, que se corrija. Pero no permitamos más pretextos del centralismo para perpetuarse. La bancada costeña, así como el resto de dirigentes políticos, empresariales y cívicos de la Costa, no deben permitir que se nos escape esta oportunidad.
