El atentado del sábado pasado contra la líder social Francia Márquez, durante un encuentro de la Asociación de Consejos Comunales del Norte del Cauca en la zona rural de Santander de Quilichao, es una muestra más del ensañamiento con que siguen actuando los criminales en nuestro país.
En la acción, llevada a cabo con granadas y armas de fuego, resultaron heridos dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, que impidieron que los violentos consumaran su plan.
El hecho de que el atentado no haya conseguido sus objetivos y que no haya dejado víctimas mortales es, sin duda, motivo de alivio. Sin embargo, lo ocurrido constituye un recordatorio de que la violencia no amaina. De que, en nuestro país, trabajar por la comunidad puede constituir un oficio de altísimo riesgo si se tocan determinados intereses inconfesables.
Francia Márquez ha dedicado más de una década a la defensa medioambiental, pero su nombre recibió notoriedad internacional al ganar el año pasado el Premio Goldman, conocido como el ‘Nobel del medioambiente’, por su lucha contra la minería ilegal en el norte del Cauca. Antes, en 2015, obtuvo el premio Nacional de Derechos Humanos.
El presidente Duque condenó ayer con rotundidad el atentado, como ha hecho en anteriores ataques a líderes sociales y de derechos humanos, y una vez más anunció que se tomarán las medidas necesarias para reforzar la seguridad de estos dirigentes cívicos y para castigar a sus agresores.
El mensaje del mandatario es, por supuesto, positivo, en la medida en que no introduce insidias o ambigüedades acerca de la actividad de las víctimas, como suelen hacer algunos para justificar de manera implícita la actuación de los criminales contra los líderes sociales.
Sin embargo, estamos en un escenario en que no bastan las palabras bienintencionadas. Ni siquiera las medidas convencionales de protección. Como ya alertó en marzo pasado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la violencia contra los dirigentes cívicos se está recrudeciendo, sobre todo en las zonas rurales, de un modo que evocan inevitablemente los horrores del pasado reciente.
En lo que va del año ya han sido asesinados unos 30 líderes sociales. El año pasado fueron 113. Las organizaciones criminales surgidas de los grupos paramilitares y guerrilleros desmovilizados imponen su ley en amplias zonas de la geografía nacional, donde el Estado continúa sin hacer presencia.
Las instituciones están en la obligación de actuar con más contundencia, si cabe, ante los violentos que impiden la pacificación del país.
