El desconfinamiento gradual está en marcha. Millones de colombianos vinculados al sector de la construcción y la industria manufacturera retomarán, a partir del 27 de abril, buena parte de sus actividades cumpliendo estrictas medidas de bioseguridad y protección. Esta fuerza laboral, que en la mayoría de los casos dejó de recibir ingresos, verá un alivio para su muy golpeada economía familiar por cuenta de los efectos de la pandemia, pero tendrá que afrontar un serio riesgo.
Movilizar a estas personas, minimizando su exposición al contagio, requerirá la reconfiguración del actual funcionamiento de los sistemas de transporte masivo que deberán operar, desde el próximo lunes, a un 35% de su capacidad. Un enorme desafío teniendo en cuenta que los cupos ofrecidos hasta ahora se quedaron cortos para satisfacer la alta demanda de los trabajadores esenciales que, durante estas primeras cuatro semanas de la cuarentena, siguieron realizando sus labores.
En el caso de Transmetro en Barranquilla y Transcaribe en Cartagena, en este lapso, han sido recurrentes las quejas de pasajeros por las aglomeraciones en el interior de los buses, especialmente en las horas pico. Los operadores indican que los ciudadanos no esperan la llegada del siguiente vehículo y al no tener autoridad de Policía en las estaciones, que regule el ingreso, se genera el sobrecupo.
Con el ingreso de más personas al sistema los operadores tendrán que programar servicios adicionales, ampliar sus frecuencias o sacar casi toda su flota a la calle para que se cumpla la norma que exige el Gobierno nacional de un metro de distancia entre los pasajeros. Además, deberán ponerse en marcha una serie de protocolos para asegurar el lavado de manos, el uso de tapabocas y guantes, rigurosas desinfecciones diarias y que el ingreso se produzca en horarios escalonados para reducir congestión en las estaciones.
Si no están dadas las condiciones para el distanciamiento social, las personas seguirán una encima de la otra en sus desplazamientos a bordo de los sistemas de transporte público, cuyos operadores y propietarios insisten en que están a punto de tirar la toalla por la reducción de sus ingresos por concepto de recaudo. Se trata de una compleja situación, como tantas que hoy deben atenderse, que podría poner en jaque la continuidad de este servicio esencial ahora que los sectores productivos comienzan a reactivarse.
Quienes están al frente del transporte masivo, servicio colectivo y los buses interdepartamentales e intermunicipales de la Región señalan estar cada vez más asfixiados por el costo social y económico de tener los vehículos parados o funcionando a media marcha con rutas suspendidas y despachos paralizados. Demandan recursos públicos que cubran sus costos mínimos de operación, especialmente ahora que se estableció este nuevo protocolo del 35% de ocupación, que les exigirá esfuerzos adicionales.
Alcaldes aseguran que es el Gobierno nacional el que debe ofrecerles una salida financiera, pero los operadores no se quieren endeudar asumiendo créditos diseñados por el Ministerio de Transporte. Tremendo cuello de botella.
Esta crisis de salud pública obliga a repensar también la forma cómo se mueven los ciudadanos para abrir la discusión sobre el fortalecimiento de un transporte público integrado, eficiente y de mejor calidad; mientras se impulsan nuevas formas de movilidad sostenible y modos alternativos menos contaminantes como el carro eléctrico y la bicicleta, que requiere una infraestructura de bicicarriles que conecte a Barranquilla con su área metropolitana.
