El mismo día en que el presidente Iván Duque promulgaba el acto legislativo de reforma del artículo 34 de la Constitución Política para castigar con cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores de edad en Colombia, un juez de control de garantías dictaba medida de aseguramiento y enviaba a la cárcel a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 3 años en la vereda San Antonio del municipio de Anapoima, en Cundinamarca. No es el único hecho de este tipo que estremece a los colombianos por estos días.
En Algarrobo, Magdalena, la comunidad está consternada tras el presunto abuso de 4 menores de edad por dos hombres, que los condujeron a las afueras del municipio para agredirlos sexualmente, de acuerdo con testigos que dieron aviso a las autoridades. Los sujetos fueron trasladados a Fundación, luego de desmanes que se desataron en las afueras de la sede de la Policía. El Bienestar Familiar, que asumió la atención de los menores, también está brindando apoyo sicológico a sus familias.
En San Basilio de Palenque, Bolívar, una menor en condición de discapacidad fue abusada sexualmente por un individuo que la sacó de su vivienda, mientras su familia dormía en horas de la noche. El caso provocó la indignación de los habitantes del corregimiento que se lanzaron a las calles a expresar su dolor y a reclamar justicia, rechazando lo ocurrido.
Estos episodios registrados en los últimos días confirman el absoluto estado de indefensión de los menores en Colombia, donde cada día más de 60 niñas, niños y adolescentes sufren violencia sexual. Una pandemia que ha permanecido invariable durante el confinamiento, según Medicina Legal que documentó cerca de 3 mil denuncias de abusos sexuales entre el 25 de marzo y el 14 de julio en todo el territorio nacional.
Los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás, dijo el presidente Iván Duque, mientras promulgaba el acto legislativo de la reforma constitucional, que permitirá aplicar la cadena perpetua, y convocó a los ciudadanos a sumarse a la defensa irrestricta de los menores de edad. El mandatario pidió, además, al Congreso acelerar el trámite de la ley reglamentaria, en la que ya está trabajando la ministra de Justicia Margarita Cabello. Adicionalmente en el Congreso también avanza un proyecto de ley que busca la imprescriptibilidad de conductas como el homicidio y el abuso sexual de menores de edad, que apunta a, como dijo el jefe de Estado, “no exista ningún miserable delincuente que pretenda que con el pasar del tiempo se extinga ante la sociedad su responsabilidad".
La protección de los 16 millones de niñas, niños y adolescentes en Colombia, víctimas de repudiables actos violentos que son cada vez más recurrentes, debe ser una prioridad permanente del Estado como principal garante de sus derechos. Sin embargo, toda la sociedad, como corresponsable de su cuidado, defensa y amparo, tiene que comprometerse a salvaguardar a esta población vulnerable sometida, incluso en sus propios hogares y por sus familiares más cercanos, a todo tipo de abusos físicos y sexuales que dejan gravísimas consecuencias mentales y emocionales que impactan el resto de sus vidas.
Aterradores delitos que nunca llegan a ser investigados ni judicializados y cuya impunidad supera el 94%.
La cadena perpetua no hará desistir a los abusadores de cometer sus monstruosidades. Se requiere, sin duda, de mucho más, como acciones inmediatas y efectivas de la justicia, además de expeditas hojas de ruta para denunciar los delitos sexuales contra los menores. Pero sobre todo, hacer frente a esta violencia desbordada demanda poner en marcha una serie de políticas públicas de prevención con énfasis en el respeto a la dignidad y a los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que contribuyan a desnaturalizar el maltrato y las agresiones físicas y sexuales, especialmente contra las niñas. Este paso no marca el fin de la cultura de la violencia contra los menores en Colombia, es apenas un comienzo. Que sea bueno y útil, nos corresponde a todos.
