Un nuevo y exhaustivo informe, esta vez de una misión de expertos independientes encargada por Naciones Unidas, revela lo que es un secreto a voces en Venezuela: las violaciones de derechos humanos y crímenes ocurridos en ese país desde 2014 corresponden a “crímenes contra la humanidad”.
Un patrón de gravísimos hechos, como las torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, se cometieron “altamente coordinados conforme con políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática”, planificada y ejecutada por las autoridades y fuerzas de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro. Más claro, imposible.
No se trató de actos aislados. La Misión Internacional Independiente, responsable de la investigación, documentó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad y además estudiaron otros 2.891 sucesos para "corroborar los patrones de violaciones y crímenes". Así se pudo establecer que estos se perpetraron “con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno".
Ni a Maduro ni a sus cómplices, directos responsables de estos crímenes atroces contra ciudadanos de su país, especialmente miembros de la oposición del régimen chavista, les interesa que esta verdad salga a luz. Por eso negaron la autorización para el ingreso a territorio venezolano de los integrantes de esta misión, que, sin embargo, lograron identificar y confirmar cada uno de los casos recogidos en el documento de 443 páginas.
La agobiante realidad de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos de civiles en Venezuela no constituye una novedad. Han sido registradas durante los últimos años en los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas, la chilena Michelle Bachelet, que en julio pasado denunciaba "detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso" y casos de "tortura y desapariciones forzadas".
Este nuevo informe se conoce en un momento coyuntural en el que Venezuela prepara elecciones legislativas para finales de este año, y que según organismos multilaterales como la Unión Europea no cuentan aún con garantías democráticas plenas y transparentes. Como telón de fondo aparecen los comicios presidenciales de mayo de 2018, en los que resultó reelegido Maduro, considerados fraudulentos y rechazados por buena parte de la comunidad internacional.
El indulto presidencial concedido por el mandatario a más de 100 presos políticos, a finales de agosto, entre ellos a dirigentes críticos con el régimen, que permanecían encarcelados arbitrariamente, gracias a una negociación en la que participó el excandidato Henrique Capriles, fue valorado como un paso significativo para abrir un espacio de diálogo y consenso entre el régimen y la oposición de cara al proceso electoral del 6 de diciembre, en el que se renovarán todos los escaños de la Asamblea Nacional.
A pesar de las violaciones a los derechos humanos cometidas con la connivencia o apoyo de su Gobierno, de ser cuestionado por sus vínculos con actividades ilícitas relacionadas con narcotráfico y terrorismo a través del ‘Cartel de los Soles’, o por delitos de corrupción y lavado de dinero a cargo de su principal testaferro, el empresario barranquillero Alex Saab, Nicolás Maduro permanece atornillado en el poder. Inamovible, hay demasiado en juego.
La apuesta de Juan Guaidó como ‘presidente interino’ se diluye con el tiempo y la situación para los venezolanos. Lo demostró la pandemia, es cada vez más insostenible. La garantía de unas elecciones libres y justas, con participación de todos los sectores de la oposición que debe presentarse unida, y el compromiso del Ejecutivo para investigar los crímenes y sancionar a los responsables podría allanar la salida a la inadmisible crisis de Venezuela, que sacude directa e indirectamente a su principal vecino, Colombia.
Es hora que todas las partes valoren que el mejor camino posible pasa por una solución política negociada.
