La elección de personero distrital de Barranquilla sigue sin resolverse. Resulta difícil de entender por qué este organismo de control, agente del Ministerio Público, con autonomía administrativa y presupuestal, encargado de “velar por la guarda y promoción de los derechos constitucionales y legales de la comunidad”, esté a punto de completar un año con personeros encargados ante la imposibilidad de realizar la escogencia de una persona idónea y competente que responda a las necesidades del cargo y seleccionada en un proceso con todas las garantías que este demanda.

Desde marzo de 2020, luego de la finalización del segundo período del personero Jaime Sanjuan, y ante las acciones judiciales que suspendieron la elección, se iniciaron los encargos por parte del Concejo. Y así seguimos.

No se trata de un asunto menor ni debería ser considerado insignificante por la comunidad o el Distrito. Por el contrario, es motivo de legítima preocupación, por decir lo menos, que Barranquilla no cuente en la actualidad con un personero en propiedad que ejerza, por un lado como veedor ciudadano de carácter independiente defendiendo los derechos fundamentales de sus habitantes, principalmente de los más vulnerables –menores de edad, adultos mayores o víctimas del conflicto– y por otro como garante de la protección de los recursos, bienes e interés público, vigilante de la conducta oficial de los empleados del sector y de la transparencia en la contratación del Distrito, entre otras de sus funciones más sobresalientes.

¿Cabe alguna duda de la relevancia del trabajo de la Personería? Es lamentable que un órgano que debe estar al servicio de los ciudadanos se encuentre tan ausente en Barranquilla, donde solo se menciona cuando se hace referencia a un señalamiento por la comisión de presuntas irregularidades o por la presentación de un nuevo recurso judicial en el azaroso proceso de elección del personero que en la actualidad realiza el Concejo.

Este concurso de méritos criticado por varios de los participantes, que consideran vulnerados sus derechos, se suspendió provisionalmente el 31 de diciembre de 2020 por orden de un juzgado de la ciudad tras la admisión de una tutela interpuesta justamente por uno de los aspirantes, lo que paralizó la escogencia del personero programada para el 7 de enero de 2021 en sesión del Concejo.

Frente al caso, la Procuraduría Regional del Atlántico adelanta una acción preventiva de vigilancia y seguimiento en la que pidió explicaciones sobre la convocatoria al Concejo. Su nuevo presidente, Samir Radi, ha señalado que se tomará el tiempo que haga falta para revisar el tema y “darle a la ciudad procesos administrativos con una solidez legal para que los 21 concejales salvaguarden su integridad jurídica, pero sobre todo para que los barranquilleros gocen de procesos que no estén viciados”.

Es lo mínimo. El Concejo debe esforzarse para aclarar todas las dudas acerca de la transparencia, legalidad e imparcialidad en esta escogencia que insólitamente no se ha podido completar en el último año por una serie de recursos jurídicos. Barranquilla se merece un personero que represente sus intereses y asuma la defensa de los derechos de sus ciudadanos. Esta interinidad no puede prolongarse por más tiempo, y así lo tendrían que entender la Justicia, para pronunciarse con celeridad, y el Concejo, para blindar con suficientes garantías institucionales, por encima de cualquier interés político, las distintas etapas de una elección tan decisiva.