Colombia vuelve a estar en la mira de la comunidad internacional que con enorme preocupación y de manera coincidente eleva su voz reclamando mayores esfuerzos del actual gobierno para garantizar la protección de los ciudadanos, especialmente de las comunidades campesinas y étnicas, con el propósito de poner fin a los reiterativos hechos violentos contra defensores de derechos humanos, líderes sociales e indígenas, activistas ambientales y excombatientes de las Farc en varias regiones del país.
En menos de una semana, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet; el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y la canciller de España, Arancha González, expresaron su alarma frente al aumento de la violencia desatada por el extendido “control territorial y social de grupos armados no estatales y organizaciones criminales", responsables de al menos 76 masacres, con un infame saldo de 292 víctimas, en 2020.
Esta cifra aterradora, la más elevada desde 2014, que además dobla el número de matanzas en 2019, es la prueba fehaciente de la extrema indefensión de los habitantes de zonas rurales del país, donde se perpetran la mayoría de estos crímenes. A estas masacres, hay que sumarles los homicidios de 133 defensores de derechos humanos y 73 excombatientes de las Farc, solo el año pasado, cuando también 74 mil personas fueron confinadas y 25 mil, desplazadas. Verdaderas tragedias que siguen siendo el pan de cada día para los habitantes de zonas como el Chocó, donde hoy cerca de cinco mil personas han sido desplazadas del Alto Baudó por la interminable guerra que allí se libra.
No es la primera vez que, en los últimos meses, Naciones Unidas o la Unión Europea reclaman mejoras efectivas en la seguridad de las personas o urgen una respuesta eficaz del Estado frente a los altos niveles de violencia en algunas zonas del país, que consideran una amenaza a la construcción de la paz. Como garantes de la misma, insisten en un llamado vehemente que debe ser atendido por el Gobierno del presidente Iván Duque para implementar en su totalidad el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
La comunidad internacional reitera, de manera permanente –con palabras y hechos– su respaldo al Gobierno colombiano, a los excombatientes y a la ciudadanía en el esfuerzo colectivo que demanda el proceso de paz y su implementación. Proteger lo alcanzado es una lucha constante debido a las múltiples amenazas con las que se debe lidiar a diario, no solo en los territorios; está claro que la paz tiene enemigos muy poderosos en todos los niveles. Rodear a la JEP, como lo solicitó la comisionada Bachelet ante "las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional”, es prioridad.
El reciente mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo Iván Duque, en el que reafirma su compromiso con “una agenda bipartidista que promueve nuestra prosperidad compartida, que contribuya a una paz duradera para todos los colombianos…”, es alentador y abre nuevas posibilidades en los escenarios político y financiero para apuntalar la integración de los desmovilizados y avanzar en la aplicación del acuerdo. Siempre hará falta contar con más aliados para insistir en la defensa de la vida en Colombia y generar consensos, reaccionando con firmeza ante los ilegales y evitando la perniciosa predisposición a normalizar la violencia tan arraigada en diferentes zonas del territorio nacional.
