Vuelve y juega. Cuatro hombres se fugaron de su lugar de detención en Barranquilla durante la madrugada de ayer viernes. Salieron como Pedro por su casa por la puerta principal de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, burlando la vigilancia de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tras abrir la reja de su propia celda.
Vendedores ambulantes que se percataron del hecho los persiguieron por varias cuadras, pero finalmente escaparon. Inexplicable evasión en un sector fuertemente custodiado donde de manera permanente se adelantan patrullajes de la Policía. ¿Será que como en la noche todos los gatos son pardos ninguna autoridad se dio cuenta de lo que estaba pasando delante de sus narices? Al revelarse las identidades de los fugados, el asunto pasa de castaño oscuro. Dos de ellos, Jean Carlos Escorcia y Ricardo Rodríguez Gutiérrez, son parte del grupo de falsos taxistas acusados de atracar, secuestrar y abusar sexualmente a mujeres en Barranquilla, Soledad y Malambo.
El tercer evadido es Frainer Galindo, un soldado regular capturado en agosto de 2020 por el feminicidio agravado de su compañera sentimental. Como el caso se registró en Santa Marta, a pesar de que Galindo fue judicializado en la capital del Atlántico, se esperaba su traslado a esa ciudad, pero esto nunca sucedió. El cuarto fugado es Hubin Pérez Valeta, acusado de homicidio. Todos, confirmó la Fiscalía, habían sido cobijados con medida de aseguramiento.
Esta insólita evasión que confirma la crisis del sistema carcelario se suma a la de José Ropero, a quien un juez también le había dictado medida de aseguramiento en la cárcel Distrital por el presunto asesinato de su madrastra en Santo Tomás, pero mientras esperaba la remisión se ´voló’ de la estación de Policía del municipio saltando por una paredilla de tres metros. ¡De Ripley!
Historias vergonzosas que se repiten una y otra vez en los sitios de reclusión transitoria, como estaciones de policía, las URI de la Fiscalía y la Unidad de Convivencia y Justicia, UCJ, del Atlántico, donde el año pasado se recapturaron más de 160 personas por el delito de fuga de presos, entre ellas al reconocido delincuente Tommy Zerpa Brito, ‘Tommy Masacre’, quien aun estando hoy recluido en una cárcel del suroccidente del país sigue extorsionando a comerciantes.
Atlántico, incluida su capital Barranquilla, soporta un hacinamiento superior al 78% en sus centros penitenciarios, y en las estaciones de policía ese sobrecupo puede alcanzar el 200%. Son instalaciones precarias, absolutamente vulnerables en su infraestructura, donde malviven por largos periodos, sometidos a condiciones indignas, los sindicados, algunos de delitos muy graves, que no son recibidos en cárceles o penitenciarías. La Policía termina ejerciendo las funciones del Inpec y además sofocando desórdenes desatados por el ingreso constante de detenidos e imputados, como pasó ayer en Fundación, Magdalena, donde se recapturaron a cinco personas que se habían logrado fugar.
Como ocurre con las cárceles, estos espacios de detención transitoria se convierten en centros de especialización del crimen donde los privados de la libertad confabulan planes para escapar. La falta de control por el hacinamiento, el escaso personal de custodia y la corrupción les allanan el camino. Una tormenta perfecta que tarde o temprano impactará los índices de criminalidad en la ciudad y los municipios.
En Colombia, más de 22 mil sindicados son responsabilidad de los entes territoriales que dicen no contar con recursos suficientes para afrontar la crisis de los centros de detención preventiva. Mientras se define si una persona es culpable o inocente pueden pasar años comprometiendo su resocialización, e incluso su propia vida. No solo se trata de más cupos carcelarios, que también se necesitan, sino de definir los términos de una verdadera política criminal en la que se establezca con enfoque territorial las estrategias más acertadas y pertinentes de prevención, control, investigación y sanción de la criminalidad.
