Erradicar la pobreza menstrual en Colombia no es solo moralmente deseable, es una deuda histórica que el Estado y la sociedad están en mora de retribuirles a las niñas y mujeres más vulnerables de este país discriminadas por su condición de género. Un asunto de elemental justicia social que de prosperar ayudaría a romper con un estigma cargado de culpa y vergüenza que afecta cada mes la calidad de vida de niñas y mujeres sometidas casi al escarnio público por el simple hecho de tener la regla.
La acertada decisión de la Corte Constitucional de tumbar el impuesto del IVA a la copa menstrual es un paso más en esta lucha global. Por unanimidad, el alto tribunal acogió el argumento de la demanda sobre cómo el gravamen de 19 % que recaía sobre este producto de higiene femenina transgredía el principio de igualdad, la prohibición de discriminación por razones de género y el libre desarrollo de la personalidad. Razonamientos válidos ampliamente respaldados por conceptos de entidades públicas y privadas como el Instituto Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo o la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, a diferencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, que pidieron que la demanda no prosperara. Lamentable.
La determinación hizo justicia frente a una anterior demanda fallada en 2018 por la misma Corte que había excluido a la copa menstrual de recibir un tratamiento tributario especial, como sí lo hizo con las toallas higiénicas y los tampones. Desgravar estos productos que son parte de la cotidianidad de las mujeres que los adquieren buscando una mínima higiene menstrual responde a un reclamo legítimo teniendo en cuenta sus dificultades para acceder a ellos, especialmente las de más escasos recursos que deben decidir si compran una bolsa de arroz o un paquete de tollas sanitarias.
En Escocia, donde una de cada cuatro jóvenes en edad escolar o universitaria enfrentaba problemas económicos para conseguir estos elementos sanitarios, el Parlamento de manera unánime aprobó en noviembre de 2020 una ley para ofrecerlos de forma gratuita. Si esto sucede en una nación europea de renta alta, qué podemos esperar de nuestro país donde la pobreza tiene género. Mujeres jóvenes y cabezas de hogar afectadas hoy por la pérdida de sus empleos o reducción de ingresos soportan los rigores de su nueva condición de pobreza menstrual, mientras que millones de niñas y mujeres de zonas rurales y sectores urbanos vulnerables ven cada vez más distante la posibilidad de acceder a ellos.
No se trata únicamente de inequidades económicas que impiden a esta población contar con baterías sanitarias dotadas con agua potable y jabón para asearse durante el periodo. Las consecuencias de esta problemática también impactan la salud y el desarrollo emocional de menores de edad e incluso mujeres adultas objeto de burlas o comentarios discriminatorios por creencias, misterios o secretismos sin sentido alrededor de la regla. Naturalizar esta realidad que forma parte de la vida de las mujeres es atajar un mal mayor, y esto solo será posible a través de herramientas educativas e información oportuna acerca de un proceso biológico que es absolutamente natural, y del cual no hay que avergonzarse.
Urge poner el tema en la agenda política exigiendo gratuidad para los productos de higiene femenina o suministrándolos en escuelas, centros de reclusión o sitios de trabajo para niñas y mujeres, que representan más de la mitad de los habitantes de este país y que merecen ser respaldadas con acciones reales que les aseguren equidad e igualdad de oportunidades y revaliden sus derechos.
