La monstruosidad se cuenta por sí sola. Un docente de educación física de Soledad, con cerca de 10 años de experiencia, fue capturado por las autoridades, señalado de integrar una red de pornografía infantil con ramificaciones en ciudades de Colombia. El individuo, de 34 años, almacenaba en un computador más de 5.500 fotografías y videos con contenido sexual explícito de menores de edad, entre 0 y 10 años, muchos de los cuales se presume eran sus propios estudiantes. No hay duda de que el infierno existe en la tierra. Las víctimas de alias el Profe pueden dar fe de ello no solo por el sufrimiento soportado en el momento de su abuso, sino cada vez que los abominables videos en los que aparecen se reproducen.
A pesar de que en su contra existía una denuncia por acoso sexual realizada por el padre de uno de sus alumnos hace años, este sujeto seguía desempeñándose como docente en instituciones educativas oficiales del Atlántico y ejerciendo como entrenador de futbol. Entre 2012 y 2021 laboró en tres colegios distintos. En uno de ellos apenas estuvo seis meses, en el último permaneció casi seis años. ¿Recibieron las directivas de estos centros académicos, o sus propios compañeros, señales de alerta sobre los alcances criminales de este depredador sexual que claramente gozaba de una libertad impune, participando, incluso, de actividades deportivas en torneos nacionales del magisterio? Ahora que se ha descubierto el pervertido entramado de estos delincuentes que buscaban satisfacer sus aberraciones sexuales y lucrarse con el material pornográfico infantil que compartían –conductas absolutamente amorales– es apremiante que el Bienestar Familiar y las secretarías de Educación de Soledad y Barranquilla diseñen mecanismos de atención especializada para sus víctimas, vulnerables en grado máximo, afectadas por daños emocionales.
La gran mayoría de estas niñas y niños no saben que fueron grabados por debajo de las puertas de los baños de sus colegios mientras realizaban sus necesidades, o que hay registros en videos de cuando eran obligados por su profesor, en quien confiaban plenamente, a desnudarse en las clases virtuales de anatomía que les impartía durante la pandemia. Repugnantes abusos sexuales cometidos contra indefensos menores de edad que, en algunos casos y bajo engaños, terminaron en la casa de este hombre, donde fueron violados, como documentan grabaciones en poder de los expertos en informática forense que revisaron miles de videos y fotografías en poder de la red criminal para determinar cuáles corresponden a colegios de Soledad y Barranquilla.
Las investigaciones de la Policía y agencias de los Estados Unidos, una de las cuales alertó desde 2019 de un posible caso de abuso sexual originado en la Costa Caribe, llevan meses estableciendo conexiones que escudriñaron en la esencia de la trama. Su tarea seria, silenciosa y efectiva reivindica el compromiso de quienes trabajan para proteger a los menores de adultos inescrupulosos que los someten a delitos de explotación, abuso y acoso sexual. Esta es una responsabilidad ineludible, justa y fundamental que deberíamos asumir como propia todos los ciudadanos, so pena de convertirnos en cómplices por omisión de los miles de ‘profes’ que a diario acechan a nuestros niños, sin que puedan contar con el cuidado de padres o custodios. Trabajar en la prevención de estos atroces delitos y en mecanismos expeditos de denuncia son aún asignaturas pendientes en una sociedad que mantiene una infame y desconcertante connivencia con el abuso sexual en el interior de los hogares, pese a que se trata de repudiables crímenes. Hipocresía rampante. Que la justicia actúe con contundencia ante la depravación revelada para que nunca más vuelva a ocurrir.
