El primer encuentro del pacto contra el atraco, un ejercicio de diálogo franco y realista sobre la crisis de seguridad en Barranquilla, sentó las bases de un principio de entendimiento con miras a rediseñar la estrategia seguida hasta ahora. Asumiendo el compromiso de trabajar unidos para encontrar las soluciones, el alcalde Jaime Pumarejo, integrantes de la fuerza pública, del sector justicia, y actores políticos, económicos y sociales, compartieron su propio diagnóstico acerca del actual momento. No todas las veces los asistentes estuvieron de acuerdo con el dictamen de sus interlocutores. Es perfectamente previsible que en un escenario tan honesto surjan disensos, sin embargo, lo esencial es que se rompió el hielo. Dejar atrás la máxima de acudir a un “buen ataque como la mejor defensa”, para evadir responsabilidades, es imprescindible si los protagonistas de este pacto quieren hacer compatibles sus objetivos de lucha contra la delincuencia, que no resultan fáciles de conciliar. Cabe esperar entonces que se mantenga la cordialidad de este cara a cara inicial.

Los policías fueron los primeros en hablar. Quienes a diario se enfrentan con la realidad del hurto y el homicidio en las calles advirtieron sobre los gravosos efectos socioeconómicos de la pandemia en la criminalidad. Dicho de otra manera, la “necesidad” empuja, cada vez más, a jóvenes de 14 a 30 años a elegir la “cultura de vida” ilícita, así la calificaron, difícil de revertir. La mayoría, roba bajo los efectos de sustancias alucinógenas, usando armas blancas, de fogueo o traumáticas, calculando la mínima cuantía de lo hurtado, y conociendo de antemano que si no son detenidos en flagrancia, en pocos días, volverán a estar libres. La puerta giratoria de un sistema de justicia demasiado garantista que deja en la calle a la gran mayoría de los detenidos por robos en la ciudad, por distintas razones o porque no cuenta con capacidad para procesar la totalidad de los casos.

Barranquilla necesita jueces. ¿Qué más debe pasar para que el Consejo Superior de la Judicatura así lo entienda? La ciudad tiene 13. Cada uno lleva en promedio 1.130 procesos, muchos de los cuales terminan prescribiendo. Considerarlos como un enemigo es un error. Son también afectados por la precariedad del sistema judicial colombiano que intenta, en medio de profundas fallas estructurales, ser garante de los derechos de los ciudadanos. Las carencias son tan protuberantes que, pese a la voluntad para resolverlas, la solución definitiva no pasa por lo local. Se requieren determinaciones del orden nacional para superar la congestión, el vencimiento de términos, la falta de presupuesto, la adecuación de espacios para superar el indignante hacinamiento de las estaciones de policía y un largo etcétera que imposibilita mínimos avances. Cuellos de botella que parecen insalvables.

La comunidad, piedra angular de toda acción conjunta por la seguridad, reclama mayor inversión social para los jóvenes que, sin oportunidades de educación ni empleo, terminan siendo devorados por el demonio instigador de las violencias. Habrá que analizar lo más objetivamente posible la forma de implementar iniciativas educativas y laborales que ofrezcan alternativas sostenibles de generación de ingresos a esta población. Si no se atienden las necesidades socioeconómicas de las familias más vulnerables o de colectivos tan frágiles como los migrantes venezolanos, no se desactivará la bomba de tiempo que hace carrera en ciertos sectores de la ciudad. Clave entender que de poco o nada servirá conducir a los autores de hechos delictivos a centros de reclusión para que, al cabo de un tiempo -sin resocialización- vuelvan a las calles a delinquir. Pan para hoy y hambre para mañana. Hay que presuponer que las medidas que se acuerden tendrán todo el respaldo y compromiso del Gobierno nacional para que no se debilite ni extinga su validez.

Armonizar la convivencia ciudadana es otro reto pendiente, como también lo es recuperar la confianza de la gente en la Policía, a la que percibe como cómplice de delincuentes. Mientras no se fortalezca una relación de respetuosa proximidad entre la ciudadanía y sus autoridades, no será posible articular mecanismos de concertación para solventar los problemas. Lograr acuerdos estables es fundamental para enfrentar a la delincuencia que ha puesto en jaque a la institucionalidad, convirtiéndose en el principal reclamo, no solo de los barranquilleros, sino de todos los colombianos. Claramente queda mucho por dialogar, pero el acercamiento logrado en la ciudad se debe valorar como un avance positivo.

Dejar atrás la máxima de acudir a un “buen ataque como la mejor defensa”, para evadir responsabilidades, es imprescindible si los protagonistas de este pacto quieren hacer compatibles sus objetivos de lucha contra la delincuencia, que no resultan fáciles de conciliar.