La impúdica negligencia del Gobierno nacional ante la reiterativa crisis de la zona portuaria agotó la paciencia de los gremios de Barranquilla y del Atlántico que en un duro, pero justo reclamo, le cantaron la tabla al Ministerio de Transporte, a Cormagdalena y a Findeter. Se habían demorado. La dureza en los términos de la comunicación revela una pérdida de confianza, producto de los desaciertos de las entidades oficiales a las que les quedó grande garantizar la operatividad en el canal de acceso.

A esta altura del año, luego de una sucesión de insufribles reveses frente a su obligación, establecida por la ley, de mantener adecuadas condiciones en el canal navegable –que en julio cayó a un recusable mínimo histórico de 6,7 metros– el malestar es evidente. Hasta ahora, los compromisos asumidos por la ministra Ángela María Orozco o por el director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado, habían generado buenas expectativas porque apuntaban a solucionar los enormes desafíos de la creciente, además de extremadamente compleja, problemática de sedimentación del río. Hasta ahora – decimos – porque los representantes del sector empresarial, con sobradas razones, advierten que estas entidades, a las que les ha “faltado gerencia y sentido de urgencia” para superar la situación, tampoco “han sido veraces en la información suministrada” sobre sus acciones. Un alarmante proceder que, en este mismo espacio, habíamos advertido hace un tiempo.

Sin duda, sus posiciones ‘cantiflescas’ acerca del origen de la actual coyuntura, así como la inacabable hoja de ruta trazada para solucionarla han impactado desfavorablemente la reactivación de la economía local. Hoy, mientras la Bartolomeu Dias permanece fondeada en Las Flores debido a una serie de trámites administrativos no resueltos –sin dragar un solo metro cúbico del sedimento que sigue acumulándose en el lecho del río–, la cadena de valor asociada al puerto de Barranquilla se expone a la pérdida de empleos, nuevos sobrecostos para los actores del sector, desvío de volúmenes de carga, desconfianza de inversionistas o alzas en precios de la canasta familiar y de otros bienes e insumos. Claramente, duros golpes a la reputación de la ciudad, cuya capacidad operativa portuaria queda en entredicho.

Este perturbador escenario directamente proporcional al lento e ineficiente manejo que el Gobierno nacional le ha dado a la contratación para el dragado en el canal de acceso durante casi tres meses, tiempo de vaivenes con efectos aún imprevisibles, ha causado afectaciones económicas por más de USD 9 millones. Es insoportable seguir así. Pese a que ya es hora de asegurar mínimos márgenes de estabilidad para reestablecer del todo las actividades productivas de la zona portuaria, la realidad puede ser aún más chocante. Findeter, la entidad que brinda asistencia técnica en la contratación del dragado, le dijo a EL HERALDO que la totalidad del presupuesto asignado para tal fin –$10.647 millones– ya se agotó, y tras dos adiciones no hay cómo realizar una tercera. La financiera aclara que no le compete conseguir los recursos ni planificar las obras, así que todos los focos se dirigen hacia Cormagdalena, la entidad contratante. En el ojo del huracán, no solo por los viáticos cobrados por su director en sus viajes, también por el actual modelo de contratación para el dragado al que se le rotula, por decir lo menos, como inconveniente. Persistir en pagar miles de millones de pesos por volumen o metros cúbicos de sedimentos removidos, en vez de por indicadores de servicio del canal de acceso basados en criterios técnicos y científicos, es una insensatez que no responde al principio del buen uso de los recursos públicos. Enhorabuena, la Contraloría General de la República le puso la lupa a esta modalidad de contratación, lo más parecido a un barril sin fondo, cuyas razones técnicas, legales, financieras y operativas deberá explicar Cormagdalena.

Sería deseable que el presidente Iván Duque atendiera, cuanto antes, el llamado de los gremios y empresarios que representan, por un lado, los intereses de más de 20 mil personas vinculadas –directa e indirectamente– al sector portuario, y por otro, a todo el Atlántico, para encontrar una solución a la crisis. Hace pocos días, el jefe de Estado reiteró, en entrevista con EL HERALDO, su compromiso de dragado permanente para el canal de acceso y la adjudicación de la APP del río, señalando que son garantía de “un gran escenario de porvenir para Barranquilla”. Pues bien, cada día que pasamos sin dragado la ciudad reduce sus opciones de ese porvenir promisorio que nos pinta el Gobierno nacional desde los salones de la Casa de Nariño. Que este sea un punto de inflexión para que sin más mensajes falaces que restan credibilidad a una relación que merece respeto se avance en una salida consensuada entre todos.

Este perturbador escenario directamente proporcional al lento e ineficiente manejo que el Gobierno nacional le ha dado a la contratación para el dragado en el canal de acceso durante casi tres meses, tiempo de vaivenes con efectos aún imprevisibles, ha causado afectaciones económicas por más de USD 9 millones. Es insoportable seguir así.