Luego de año y medio de la declaratoria de emergencia sanitaria en Colombia, el retorno de niños, niñas y jóvenes a los salones de clase avanza de manera parcial o total en las distintas regiones. Pese a los enormes desafíos pendientes como resultado de la prolongada suspensión de la escolaridad presencial que demandan un arduo y coordinado trabajo entre los integrantes de la comunidad educativa para retomar procesos de aprendizaje, recuperar lo perdido y revertir el daño socioemocional y mental que el aislamiento ha ocasionado, vale la pena destacar que, a día de hoy, el 81,3 por ciento de las sedes oficiales en el territorio nacional –cerca de 36 mil– ya reciben estudiantes bajo modalidades de alternancia. En Barranquilla, el avance llega al 70 por ciento en sedes y 67 por ciento en matrícula, mientras que en el resto del Atlántico está en el 57 por ciento en el regreso de clases presenciales en instituciones educativas públicas y apenas 38 por ciento en relación con la matrícula. Un campanazo de alerta para las autoridades departamentales y municipales porque, tras el extendido cierre de las escuelas, será realmente difícil determinar si los estudiantes que llevan más de un año desescolarizados reiniciarán sus actividades académicas. Un fenómeno que afecta en particular a los estudiantes más vulnerables.

En 2020, 243 mil alumnos desertaron del sistema escolar, buena parte de ellos en zonas distantes donde no tenían herramientas digitales ni conectividad para seguir estudiando. La cifra es absolutamente escandalosa, pero solo es una parte del gravísimo panorama que ofrece hoy la educación en Colombia, donde, según el Dane, la inasistencia escolar pasó de 4,8 al 30,1 por ciento entre la población de los territorios rurales. En la región Caribe, el mayor impacto se concentra en la ruralidad de La Guajira, Sucre y Córdoba, donde la pandemia subrayó problemas endémicos asociados a la pobreza, la informalidad y una suma de fragilidades que no propician condiciones para el regreso a la escolaridad de niños y jóvenes que, en pocas semanas, pasaron a integrar la fuerza laboral de sus familias en un ejercicio de supervivencia difícilmente reversible.

El mayúsculo reto al que se enfrenta el Ministerio de Educación para recuperar estudiantes a través de búsquedas activas, fortalecer aprendizajes, nivelar competencias básicas y desarrollar las socioemocionales –pilares de su estrategia para mitigar el impacto de los extendidos cierres de escuelas y colegios– se estrella contra la reticencia de docentes que, a pesar de estar vacunados, se niegan a retornar a las aulas, o contra las directrices de secretarías de Educación que, como en el caso del Magdalena y el distrito de Santa Marta, aún no han arrancado el retorno de los alumnos a los salones. La catástrofe educativa, por la inasistencia escolar, la deserción, las brechas de aprendizaje, los retrasos cognitivos y sociales, además de un largo etcétera vinculado al impacto de la pandemia, es de dimensiones colosales y, por tanto, no va a ser resuelta si se persiste en ofrecer a los estudiantes formación virtual o a distancia, un escenario para el que no estaba preparado el 96 por ciento de los municipios del país.

La mejora en los indicadores epidemiológicos en Barranquilla y los municipios, así como en el resto del país; el progreso de la vacunación entre los mayores de 12 años que debería acelerarse con la distribución de los lotes de biológicos recién llegados; y la evidencia de que los colegios no son focos de la pandemia ni espacios propagadores del virus –luego de semanas e incluso meses de retorno a la presencialidad– deben ser tenidos en cuenta para acelerar el retorno a los salones de clases, una vez alcaldías y gobernaciones terminen las adecuaciones físicas de las sedes que aún faltan. Es insostenible insistir en el cierre de los establecimientos educativos, agravando la pérdida de aprendizajes y la inestabilidad emocional en niños y adolescentes. La educación virtual fue útil, para quienes pudieron beneficiarse de ella, en el momento más álgido de la pandemia, pero bajo las actuales circunstancias no es sensato seguir postergando el regreso a las aulas. Como sociedad, estamos convocados a afrontar este asunto prioritario de salud pública para evitar que crezca el daño causado por la pandemia, sobre todo en la salud mental de nuestros niños y jóvenes, cuyas heridas emocionales apenas empiezan a ver la luz.