El embarazo adolescente, una problemática de salud pública que afecta principalmente a jóvenes de 15 a 19 años, pero que también tiene una gravísima incidencia en niñas de 10 a 14 –consideradas víctimas de abuso sexual por la legislación colombiana- registró un preocupante incremento en el segundo trimestre de 2021. Oficialmente se sabe que 2.102 nacimientos de bebés de madres menores de 14 años se registraron, en los primeros seis meses del año, frente a 1.970 que se produjeron en el mismo período de 2020, un aumento de 9,6 %. A la espera de conocer nuevos resultados que consoliden la tendencia, los datos consignados en el informe ‘Estadísticas vitales: nacimientos y defunciones’ del Dane dejan traslucir una realidad alarmante sobre la vulneración de derechos de niñas y adolescentes como consecuencia de los prolongados cierres escolares y confinamientos durante 2020.

Pese a que con insistencia, autoridades y defensores de los derechos de la niñez advirtieron acerca del riesgo de “situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar” que provocarían un aumento de los embarazos no deseados, resulta evidente –tras estos nacimientos–que ni la institucionalidad ni la sociedad, tampoco los núcleos familiares –su entorno protector natural-, hicieron lo suficiente para cuidar a estas niñas que quedaron expuestas a depredadores sexuales en sus propios hogares. Lamentablemente, muchas de estas madres precoces no solo redujeron sus expectativas de futuro, sino que deben arrastrar para el resto de sus vidas serias consecuencias de tipo biológicas, psicosociales y económicas que afectarán negativamente su bienestar físico y mental, así como el de sus hijos.

En cuanto a las madres adolescentes de 14 a 19 años, las cifras preliminares son similares si se comparan los nacimientos entre enero y junio de 2021 con los del mismo periodo de 2020: 50.833 frente a 50.795, respectivamente. Además de la violencia sexual a la que fueron sometidas muchas de estas jóvenes durante el aislamiento por la emergencia sanitaria, sus embarazos no deseados están vinculados a dificultades y barreras para acceder a métodos anticonceptivos y a servicios de salud sexual y reproductiva. Incluso, un porcentaje de estas gestaciones se atribuye al desconocimiento entre las jóvenes de programas de educación sexual integral, un asunto central en las políticas de prevención del embarazo adolescente que, como tantas otras prioridades, se postergó por la pandemia.

Revisando en detalle las cifras en el Caribe colombiano, las tasas más altas de embarazo adolescente están en Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira y Sucre, donde hasta el año pasado, con Atlántico –que no aparece en los primeros lugares– habían logrado disminuir casos, gracias a un trabajo interinstitucional que truncó la covid. Siendo realistas, las condiciones socioeconómicas de grupos vulnerables, entre ellos los migrantes, que en nuestra región afrontan pobreza, exclusión social, baja calidad educativa, inequidad de género y todo tipo de violencias, inciden fuertemente en este fenómeno social. Bajo las actuales circunstancias de acelerado deterioro de calidad de vida de familias con niñas e hijas adolescentes, se hace imprescindible trabajar en acciones multidimensionales que eviten embarazos como resultado de relaciones de poder, entre ellas matrimonios infantiles o uniones tempranas y forzadas, a cambio de dinero, que vulneran flagrantemente los derechos de estas menores. Es apremiante redoblar esfuerzos para fortalecer estrategias intersectoriales que, por un lado vinculen de manera activa a la sociedad, y por otro, a las familias, en la prevención y postergación de la maternidad y paternidad tempranas, garantizando información y educación integral a adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad.

El embarazo en niñas y adolescentes no solo pone en riesgo su salud y la de sus hijos, también diezma sus opciones de tener un futuro posible, gracias a la educación. Identificar a la población con mayor vulnerabilidad es fundamental para evitar el embarazo subsecuente, al igual que reducir las brechas e inequidades sociales que las hacen más proclives a una maternidad precoz, en medio de un entorno hostil. Sin embargo, debe quedar claro que las menores no pueden ser obligadas a sostener relaciones sexuales: todo abuso tiene que ser denunciado y en el caso de las mayores de 14 años es necesario ofrecerles herramientas para que tomen decisiones responsables frente a sus derechos sexuales y reproductivos, ejerciendo control sobre su cuerpo, salud y en general su vida. La clave está en la prevención y educación.