La Constitución Política vigente en el país establece en su artículo 49 que la atención en salud es uno de los derechos sociales, económicos y culturales de todos los ciudadanos colombianos. “Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.
No obstante son miles las personas que diariamente tienen que luchar, ya sea por vías legales o a la brava, por tener la posibilidad de acceder siquiera a una consulta médica, ni qué decir de acceder a un examen especializado, medicamentos o procedimientos quirúrgicos.
Lograr la atención en salud en Colombia es una batalla épica para la gran mayoría de ciudadanos, pues son muy pocos los que tienen la posibilidad de tener medicina prepagada o al menos una póliza de salud complementaria con la EPS que debe cubrir su POS (Plan Obligatorio en Salud, ahora llamado PBS –Plan de Beneficios en Salud).
Según los reportes de la Superintendencia de Salud, a corte de agosto, las PQRD (peticiones, quejas, reclamos o denuncias) de los usuarios se incrementaron 13,51 % al pasar de 79.874 en 2020 a 90.663 este año.
Del total de PQRD radicadas ante la Supersalud, 78.588 fueron por no poder acceder al servicio de salud que requerían. El ranking de las EPS con tasas más altas de quejas lo lideran Medimás y Coomeva, la primera sometida a vigilancia especial y la segunda a intervención forzosa.
Bien presenta la Asociación de Medicina de Colombia en su página web un análisis de uno de sus miembros, Hermann Redondo, que advierte la necesidad de una nueva reforma a la salud. No para ajustar nuevamente la desastrosa Ley 100 de 1993, sino para “desarrollar a plenitud” lo estipulado en la Ley Estatutaria 1751 del 2015, de forma que el Estado verdaderamente garantice el derecho a la salud a todos los colombianos por igual sin restricciones.
En su edición de este domingo, EL HERALDO le pone rostro a la fotografía de la atención en salud que se registra cada día en las EPS, hospitales y todos los agentes de la red de salud pública y privada nacional, y particularmente en el Atlántico, que ocupa el sexto lugar en la tasa de PQRD por departamentos que registra la Supersalud.
El llamado es al Congreso para que legisle de forma que la atención en salud en Colombia se garantice como derecho para todos y no como un privilegio para pocos, y al Estado como tal, en su complejidad, para que cumpla con su deber constitucional.
La salud de los colombianos no puede seguir siendo manejada a su antojo por un perverso sector privado que, de paso, restringe la autonomía de los profesionales de la salud para prescribir algunos medicamentos considerados de alto costo, y ordenar los procedimientos diagnósticos o remisión a especialistas que consideren necesarios, siempre con la burda contención de costos para obtener mayores ganancias que van a parar a los bolsillos de quienes se enriquecen a costa de sacrificar el bienestar de los usuarios, ahora tratados como clientes que son atendidos en razón del valor que pueden pagar.
