El fenómeno de las peleas de pandillas bajo la lluvia, recurrente en los barrios Las Cayenas, Siete de Abril y Los Robles, no puede ser considerado únicamente como un problema de orden público. Pese a las acciones disuasorias de funcionarios de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito o la intervención de la Policía, las conductas violentas protagonizadas por jóvenes, e incluso niños de 11 o 12 años, que se citan en la vía pública para agredirse a puño limpio, con piedras y armas blancas, se están agudizando, provocando gravísimas afectaciones a los habitantes de estos sectores.
Preocupa que los enfrentamientos, cada vez más frecuentes e intensos, no solo sucedan cuando llueve. Ahora los desesperados vecinos, como lo registró EL HERALDO, denuncian que las reyertas, intimidaciones, ataques a viviendas, hurtos y demás desmanes ocurren porque sí y porque no, lo de menos es el clima. Sin duda, su creciente malestar es comprensible.
Ninguna persona debe vivir con miedo, escondida en su propia vivienda o tratando de eludir el “campo de batalla” en el que se convierten sus calles, cada cierto tiempo. Ante la conflictividad que amenaza su tranquilidad y la de sus familias, piden a las autoridades apersonarse de esta crisis a punto de desbordarse, producto del incremento gradual de expresiones violentas, agresividad y vandalismo, en especial después de las restricciones impuestas por la pandemia.
A esta comunidad, al igual que a los residentes de la Ciudadela 20 de Julio, Carrizal, El Bosque, El Valle o Las Américas –también afectados por las reyertas urbanas entre jóvenes que este año dejan al menos “seis hechos de sangre”, de acuerdo con el reporte oficial–, se le debe garantizar mínimas condiciones de seguridad. Velar por el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica de los ciudadanos es la obligación constitucional de la Policía. Sin embargo, detener la violencia irracional detrás de estos episodios requerirá mucho más que dispositivos policiales.
Urge que la sociedad en su conjunto, en particular la dirigencia política, social y económica de Barranquilla y Soledad, encare las complejas motivaciones que subyacen detrás de las actitudes violentas que desencadenan los reiterativos altercados bajo la lluvia que tanto atemorizan a los ciudadanos. Valga advertir que no se pretende ni excusar ni disculpar las responsabilidades de quienes incurren en estos repudiables comportamientos. Por supuesto que no. Tampoco se trata de banalizar la violencia. Pero sí lo que realmente se busca es erradicarla de los barrios más vulnerables de la ciudad y del municipio vecino, hay que esforzarse por intentar comprender cuáles son los detonantes de esta eclosión de violencia primaria o cómo operan los mecanismos que propician la delincuencia juvenil.
