La percepción de seguridad ciudadana sigue en picada en las principales capitales del país, entre ellas Barranquilla. No se trata únicamente de una mera apreciación. Las estadísticas delictivas de la Policía, Fiscalía, Ministerio de Defensa e Inpec confirman, a octubre de 2021, un incremento en la comisión de hurtos, lesiones personales y extorsiones que inevitablemente han deteriorado la calidad de vida de los ciudadanos. Sobre todo de las mujeres que se sienten cada vez más vulnerables en las calles, a las que consideran un territorio bastante hostil, en especial en los actuales momentos de la pospandemia.

Preocupa que 44 de cada 100 colombianos se sientan hoy inseguros o muy inseguros en el lugar donde viven. Cinco puntos porcentuales por encima del dato de 2020. En Barranquilla, el porcentaje apenas varió entre uno y otro año. Sin embargo, el detalle de los sucesos de 2021 ofrece luces interesantes sobre el accionar delictivo. Por ejemplo, de los 8.090 hurtos a personas cometidos en los primeros 10 meses en la ciudad, 26 al día, la mayoría ocurrió viernes y se usaron armas de fuego.

En cambio, en los 1.856 casos de lesiones personales denunciados se emplearon sobre todo armas contundentes en hechos registrados principalmente los domingos. En relación con las víctimas de violencia intrafamiliar, el 78 % son mujeres. Mientras que el 69 % de las víctimas de delitos sexuales son menores de edad agredidas sobre todo en la medianoche de los días lunes. De los 302 homicidios, una elevada tasa de 23 por cada 100 mil habitantes –solo superada por Cali– el 95 % de los occisos son hombres asesinados con armas de fuego, los domingos entre las 7 y 9 de la noche.

En líneas generales, el temor a ser víctima de un delito ha transformado los hábitos de las personas, al punto que ahora evitan llegar tarde a casa, salir de noche, portar dinero u objetos de valor, hablar con desconocidos o frecuentar lugares públicos. Estos reveladores datos de la más reciente Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), analizada por la Corporación Excelencia en la Justicia –CEJ– convocan a una amplia discusión nacional sobre cómo fortalecer la política pública de prevención del delito.

Pese al esfuerzo de autoridades e instituciones del sector justicia, algo no está funcionando como debiera. Porque, por un lado, los fenómenos criminales continúan ganando terreno y por el otro, los perjudicados deciden –en mayor medida– no denunciar. ¿Para qué si no pasará nada? Es la frase más recurrente entre las víctimas que asumen que sus casos no serán resueltos, lo que desafortunadamente incentiva el comportamiento criminal ya que los delincuentes estiman que sus crímenes quedarán impunes.

Inacabable círculo vicioso que solo será posible romper cuando se garantice atención oportuna y de calidad por parte de las entidades o funcionarios públicos correspondientes a los afectados, se prioricen las rutas para radicar denuncias y se ofrezca seguimiento constante de las mismas. Mientras no se recupere la confianza en las instituciones de la rama judicial ni estimule la denuncia ciudadana nada cambiará.

Lo mismo se puede inferir de la actuación de la Policía y la Fiscalía. Organismos que siguen rezagados en la persecución del delito por su ineficiencia en la adecuada judicialización de los responsables de conductas delictivas. Para evitar más operativos fallidos por ilegalidades en la capturas, estos funcionarios públicos necesitan una mejor formación. Insistir en endurecer penas o crear nuevos tipos penales no soluciona las falencias de la política criminal. Los uniformados se requieren en las calles cumpliendo con sus labores de vigilancia para garantizar la convivencia ciudadana y no en las oficinas ocupando escritorios.

El detrimento de la seguridad ciudadana, más realidad que percepción bajo las actuales circunstancias, conlleva un gravísimo riesgo. Cerca de la cuarta parte de las víctimas, en particular los hombres, justifica el uso de la violencia para castigar a un delincuente. Una situación que enciende las alarmas frente a la posibilidad de que se generalice la toma de la justicia por mano propia, legitimando un coctel violento, mezcla de impotencia, desesperación y hartazgo, que en ningún caso puede ser el camino a seguir.